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La recusación presentada por la defensa del intendente de Puerto Casado Hilario Adorno Mazacotte (ANR-HC) contra el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos encabezado por Adriana Planás e integrado por Elsa García y Matías Garcete fue rechazada. La chicana fue presentada el miércoles último, el día fijado para el juicio oral y público por el supuesto delito de administración en provecho propio, con lo cual se truncó la audiencia.
En la ocasión, el abogado Luis Almada asumió la defensa de Hilario Adorno y pidió un tiempo prudencial para interiorizarse del caso. Ante esta petición, el Tribunal de Sentencia otorgó tiempo hasta el lunes, pero el defensor optó por recusar al colegiado, con el argumento de que el plazo mencionado es escaso.
Pese a que la defensa contaba con otros recursos para impugnar la fecha fijada por el Tribunal, optó por recusar directamente al colegiado. Para el efecto, Almada invocó el artículo 50 del Código Procesal Penal en su inciso 13, que dice lo siguiente: “Cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia…”.
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Advertencia de la Cámara a la defensa de Hilario Adorno
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción integrado por Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi concluyó que no se encuentran causales que puedan determinar la imparcialidad o falta de independencia del Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N° 02.
“Este Tribunal de Apelación considera que el motivo alegado por el representante de la defensa técnica no se adecua a lo establecido en dicha normativa legal, en razón a las circunstancias o motivos señalados por el recusante ya que hacen a las cuestiones de disconformidad que han surgido en atención al rechazo de cambio de fecha de inicio de la audiencia de juicio oral y público. En ese sentido el Tribunal de Apelaciones recuerda a la defensa que deben utilizar las vías procesales correctas, es decir, debía recurrir a un recurso de reposición con el fin de evitar la dilación innecesaria del presente proceso. Por lo que en estas condiciones, no corresponde hacer lugar a la recusación formulada”, concluye la Cámara.
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Por último, la Cámara insta a la defensa a “litigar con buena fe y no abusar de las herramientas legales establecidas en la ley para entorpecer el normal desenvolvimiento de un proceso penal, en virtud al art. 112, 13 y 114 del C.P.P.”.
Los artículos mencionados hacen referencia a la buena fe, al poder de disciplina y las sanciones disciplinarias previstas por litigar de mala fe y con temeridad.
Precisamente por el afán dilatorio del recurso presentado, el Tribunal de Sentencia advirtió al acusado la posibilidad de modificar las medidas alternativas a la prisión con las que cuenta el político, de persistir en su acción dilatoria, considerando que desde julio del año pasado el acusado obstaculiza el inicio del juzgamiento con diferentes chicanas.
La acusación contra el intendente de Puerto Casado
La acusación contra Adorno tiene relación con la compra de una camioneta 0 km, una Mitsubishi L-200 Tritón, que adquirió para su uso personal, en el año 2022.
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Para ello, el 25 de enero de 2022 el político cartista hizo una entrega de G. 50 millones, que pagó con un cheque de la Municipalidad de Puerto Casado librado a la orden de Nippon Automotores.
El caso fue denunciado por ocho concejales, debido a que la Junta Municipal había aprobado la compra del vehículo para la comuna, no para uso personal del ahora acusado.
