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El pronunciamiento del Colegio de Abogados subraya la necesidad urgente de iniciar acciones legales que garanticen la transparencia y confianza en el sistema judicial, atendiendo a que en el hecho de los chats estarían involucrados a más del expresidente del JEM, Orlando Arévalo, dos fiscales: Katia Uemura y Stella Mary Cano, y una jueza: Sadi Cano.
Las conversaciones filtradas reflejan un esquema de corrupción pública y manipulación judicial, lo que pone en evidencia la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones encargadas de administrar justicia, señala el comunicado.
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Según el Colegio de Abogados del Noveno Departamento de Paraguarí, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el JEM han sido gravemente afectados por la manipulación de la justicia, influenciada por intereses políticos y económicos indebidos. Esta situación compromete la estabilidad del orden jurídico y la independencia de las instituciones.
En este contexto, la comunidad jurídica y la ciudadanía han sido testigos de la interferencia de actores externos en el funcionamiento del sistema de justicia. La divulgación de estas conversaciones ha desnudado un patrón de influencias que ha socavado la transparencia e imparcialidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y el JEM, comprometiendo su objetividad y fomentando graves actos de corrupción.
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Por ello, el Colegio de Abogados insta a un pronunciamiento inmediato por parte del JEM y la máxima instancia judicial, así como la implementación de medidas legales para restaurar la confianza en estas instituciones. La situación también ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema de selección y nombramiento de magistrados, con un control más riguroso de su idoneidad, honorabilidad y méritos.
La influencia política y económica en la justicia requiere una reforma estructural del Consejo de la Magistratura y del JEM, con el fin de garantizar un funcionamiento transparente y la selección de miembros basados en altos estándares éticos y técnicos. Es fundamental que las instituciones judiciales demuestren que su labor responde al interés público y no a intereses particulares.
El Colegio de Abogados hace un llamado a las autoridades para que intervengan con urgencia, procesando a los implicados sin distinciones. Este escándalo ha debilitado gravemente las bases del Estado de Derecho, lo que podría generar la amenaza de justicia directa por parte de la ciudadanía si no se toman medidas.
