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Las fiscalas Teresa Sosa y Sonia Mora fueron las encargadas de imputar al fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona Franco, por hechos punibles sexuales contra una de sus alumnas universitarias en año 2018. “Mucho sufrimiento ocasionó su conducta”, lamentó una de las agentes que detalló cómo sucedieron los hechos.
La fiscala Teresa Sosa manifestó que ya hacía mucho tiempo que sospechaban que existía una trama de protección que benefició a Patricio Gaona, ya que la mencionada denuncia es la última de una serie presentada en su contra.
“Había recibido denuncias de varias personas por acoso sexual, funcionarias, una colega agente fiscal y de mujeres particulares. Llegué a ver tres denuncias, antes de la que yo intervine. Fueron desestimadas por los colegas fiscales”, especificó.
Dijo que se entrevistó con otras funcionarias que le manifestaron que no presentarían la denuncia porque sabían que se trataba de una persona muy poderosa.
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Lamentó que no se haya tenido colaboración dentro del Ministerio Público para realizar la tarea investigativa. “Esta persona tenía conocimiento y monitoreaba, porque sabía que yo iba a buscar e iba a indagar”.
Recordó que cuando solicitaron un estudio a la Dirección de Asistencia a Víctimas del Ministerio Público, un funcionario le comentó que el imputado estaba intentando que los resultados sean favorables a su causa.
Si bien la causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, se tardó muchísimo tiempo para devolver el cuaderno de investigación fiscal, así como el expediente al Juzgado de Garantías.
La causa se inicia en el 2018, en diciembre del 2019 se presenta la acusación por acoso sexual, mientras que la imputación fue por acoso sexual, coacción y violación, sin embargo, no se llegó a la prueba de que hubo amenaza de peligro presente contra la integridad física para la víctima, entonces, la Fiscalía no pudo acusar por coacción sexual y violación.
La víctima era alumna de la Facultad de Derecho y como consecuencia de este hecho, dejó la carrera.
Sosa explicó que este tipo penal cuenta con una pena de penitenciaría de hasta dos años, al tercer año prescribe y podría haber quedado en una absolución completa.
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“La víctima que era estudiante de derecho y su padre que era abogado también visualizaron eso, entonces resolvieron aceptar la propuesta de reparación del daño realizada por Patricio Gaona, que con esto no reconoce la culpa, pero sí existe un reconocimiento de los hechos”, comentó.
Esto quiere decir que el sobreseimiento definitivo no es el requerimiento que se solicitó, sino que se trata de una consecuencia de la extinción de la acción penal por reparación de daños.
“No pensé que se dio por la narcopolítica”
“No pensé que se dio por la narcopolítica, pensaba que era por los años que él tenía como adjunto y tenía mucho poder, pertenecía a la ANR, había sospechas de que él pertenecía a una de las logias masónica y que tenía mucha preponderancia en la Corte y el Poder Judicial, ahora me estoy enterando de que nuestra contraparte pertenecía a la narcopolítica y no es poca cosa”, reflexionó.
Agregó que cuando vio el nombre de Patricio Gaona en las publicaciones de los chats, se resolvieron varias incógnitas que tenía.
“Estamos en una situación sumamente grave respecto a la narcopolítica, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público”, refirió.
