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El detenido, que se encuentra bajo investigación por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, coacción y violación, siendo víctimas sus dos hijastras, fue arrestado el viernes pasado, y recién el domingo se comunicó su detención al fiscal Gustavo Sosa.
El fiscal aclaró que, tras analizar el informe policial, no tuvo otra opción que levantar la orden de detención, debido a que la comunicación sobre el detenido por parte de los intervinientes se realizó después de que venciera el plazo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal y en el artículo 12 de la Constitución Nacional, los cuales estipulan de manera taxativa que el plazo máximo para que una persona detenida sea puesta a disposición del fiscal y del juez es de 24 horas.
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Dado que el plazo de 24 horas para que una persona detenida sea presentada ante la autoridad judicial es una garantía de orden constitucional y legal, el fiscal decidió levantar la orden de detención para evitar poner en riesgo la investigación con un incidente de nulidad absoluta que podría plantear el sindicado en caso de que se hubiera continuado con su privación de libertad en actuaciones fuera de los plazos legales, según explicó.
Es importante mencionar que, a pesar de haberse levantado la orden de detención por este motivo, se continúa con la investigación para obtener pruebas de manera urgente, a fin de formular la correspondiente imputación contra el sindicado, añadió.
Antecedentes del hecho
La causa ingresó al Ministerio Público en diciembre de 2024, aunque el hecho habría ocurrido en 2022, en fecha indeterminada y posiblemente en más de una ocasión. La denuncia, presentada por la madre de las víctimas, refiere que el hombre de 38 años habría manoseado a sus dos hijastras, con quienes vivía.
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
La Unidad Fiscal se encuentra enfocada en la recolección de elementos probatorios que respalden la versión de la denuncia. Esto se realiza debido a que las conclusiones de los informes de psicología forense no han arrojado resultados suficientemente claros sobre la existencia de daño psicológico en las víctimas, explicó el fiscal Sosa