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El Colegio de Abogados del Paraguay emitió un fuerte comunicado en el que exige a la Corte Suprema de Justicia tomar cartas en el asunto ante el escándalo de la denominada “Mafia de pagarés”. La denuncia apunta a un esquema de cobro de pagarés ya cancelados, que siguen ingresando al sistema judicial de manera irregular.
El gremio legal alertó sobre el secuestro de más de 8.000 expedientes, los cuales se encontraban en manos de una empresa de cobranzas en lugar de estar resguardados en los archivos judiciales.
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Falencias en los juzgados de paz
En su pronunciamiento, el Colegio de Abogados enfatizó que la Corte debe intervenir con urgencia en los juzgados de paz de la capital, que actualmente soportan una carga procesal insostenible. Desde la desaparición de los juzgados de justicia letrada, estas dependencias reciben el triple de expedientes en trámite, sin que ello haya sido acompañado de una mejora en infraestructura, dotación de personal o equipamiento tecnológico.
Además, señalaron que la situación se agrava con la ampliación de competencias, ya que los juzgados de paz ahora atienden también causas del fuero civil, laboral y de violencia intrafamiliar.
El gremio de abogados instó a la Corte Suprema a usar su iniciativa legislativa para evitar que documentos cambiarios y pagarés que ya fueron cobrados judicialmente puedan volver a ingresar al sistema, que facilita a maniobras extorsivas por parte de empresas inescrupulosas.
Asimismo, exigieron que las auditorías de gestión no se limiten al cambio de magistrados o funcionarios, sino que impliquen acciones concretas para fortalecer la estructura funcional y operativa de los juzgados de paz.
Piden suspensión de plazos procesales
Ante la paralización de los juzgados de paz debido a la auditoría en curso, el Colegio de Abogados solicitó la suspensión de los plazos procesales, ya que la situación está afectando los derechos de los justiciables y la labor profesional de los abogados.
Por último, el comunicado reitera el compromiso del gremio con la defensa del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.
“La justicia no puede ni debe ser un negocio ni un mecanismo de extorsión. Instamos a todas las instituciones a tomar medidas urgentes para erradicar estas prácticas nefastas y devolver la confianza”, concluyó el pronunciamiento.
