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A pedido de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar y habilitar plazo para acusar con relación a dos sonadas causas penales que han quedado en el opareí. La inacción fiscal es una constante en ambos procesos y en uno de ellos, dos jueces penales de garantías también están en la mira.
El primer caso cuya investigación preliminar se solicitó es la causa N° 159/2019 caratulada “Ministerio Público contra Jorge Luis Cuenca y otros sobre abigeato”, que se inició con una denuncia por el robo de 146 vacunos, presentada el 28 de febrero de 2019.
El caso fue expuesto por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander Dans, superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, ante el pleno de la máxima instancia judicial en la sesión ordinaria del 28 de noviembre del 2024, oportunidad en que por unanimidad se resolvió remitir los antecedentes al órgano contralor de jueces.
En atención a que hasta la fecha no se ha presentado ninguno de los afectados para impulsar el enjuiciamiento, el ministro Ramírez Candia solicitó iniciar la investigación de oficio, en atención a la gravedad de los hechos denunciados, para determinar la concurrencia o no de irregularidades que, en caso de ser comprobadas, motivarán la adopción de las medidas pertinentes.
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Fiscalía “olvidó” presentar acusación en caso de abigeato
“Él (Santander) había señalado y eso surge de un informe de auditoría de gestión, que en un caso de abigeato donde ha habido una gran cantidad de animales que fueron sustraídos, el comportamiento de la Fiscalía es una investigación de carácter parcial e inclusive con la finalidad de dejar sin efecto esta investigación, es decir, consagrar la impunidad y el comportamiento del juez era funcional a eso”, explicó Ramírez.
Santander había relatado que el 19 de noviembre de 2019 la Fiscalía imputó a Jorge Luis Cuenca, por supuesto abigeato y el juzgado de Garantías de Carapeguá, luego de admitir el acta fiscal, estableció el 19 de marzo de 2020 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo. Posteriormente, fueron incluidos en el proceso Darío Bartolomé Acosta Sánchez (20/11/2019) y Juan Fernando González (27/11/19).
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La Fiscalía realizó un total de 29 actos investigativos y recuperó 31 cabezas de ganado, de las 146 hurtadas. En la fecha indicada para el cierre de la investigación, el Ministerio Público “se olvidó” de presentar su requerimiento conclusivo por lo que el caso fue derivado a la fiscala adjunta Artemisa Marchuk.
Esta solicitó sobreseimiento provisional para realizar numerosas diligencias que, según la auditoría de gestión de la Corte, no fueron realizadas por los distintos fiscales que intervineron en el caso.
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Fiscala adjunta renunció y “zafó” de investigación
“El hecho de abigeato en la localidad o en el departamento de Paraguarí es un hecho que interesa a la comunidad por cuestiones sociales porque en gran medida, el hecho punible que azota a esa zona del país es el abigeato. Por lo tanto, de por sí es un hecho de interés social la investigación correcta de un hecho de abigeato. La notoriedad surge de la publicación y de la denuncia que realizó el superintendente de Paraguarí” expresó Ramírez, al resaltar el interés general en la causa, debido al gran impacto en la sociedad.
En idéntico sentido votaron el ministro César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana, Alejandro Aguilera, Alicia Pucheta y Enrique Berni, quien solicitó la exclusión de la fiscala Marchuk, debido a que la misma renunció y su renuncia fue aceptada ayer por la Corte Suprema.
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En ese sentido, se resolvió el inicio de investigación preliminar previo respecto a las actuaciones de los jueces penales Guillermo Ortega, María Ramona Melgarejo e Hilario Bustos y los fiscales Cecilia Inés Núñez Castillo, Gladys Teresita Paredes, Mercedes Vera Monges, Rita Prieto Talavera y Eustacio Hermosilla.
Inacción en caso de asistente fiscal que cayó con camioneta robada, en la mira
Por otro lado, el ministro César Garay Zuccolillo solicitó que el JEM tome intervención en la causa abierta a la asistente fiscal Claudia Guillén González, quien había sido sorprendida con una camioneta robada en el Brasil, durante un control policial realizado el año pasado. Por unanimidad, se acordó establecer un plazo hasta el 13 de marzo para que las personas interesadas presenten acusación y en caso de que ello no ocurra, estudiar la posibilidad de impulsar la investigación preliminar de oficio.
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La funcionaria fiscal y su padre Ramón “Monchi” Guillén Ortiz fueron beneficiados con el sobreseimiento definitivo por el juez penal de garantías Raúl Florentín. En su resolución, el magistrado fundamenta su decisión en la nula actividad investigativa por parte del Ministerio Público.
En el auto interlocutorio AI N° 85 del 11 de febrero último, Florentín detalla las once diligencias que la Fiscalía debió realizar en el plazo de 1 año que le concedió al otorgar el sobreseimiento provisional a los procesados (7/12/2023) pero que no existe constancia de su realización en la carpeta fiscal.
En esta causa, el primer fiscal fue Oscar López Laterza y posteriormente, intervieron sus colegas Marcos Amarilla y Karina Caballero.
Reiteran pedido de informe al MP sobre la “mafia de los pagarés”
Ayer los consejeros también acordaron reiterar al Ministerio Público la solicitud de informes sobre los jueces de paz investigados en el marco del caso conocido como “La Mafia de los Pagarés”, a fin de tomar las medidas pertinentes con relación a los involucrados.
Recientemente la Fiscalía realizó allanamientos simultáneos a cinco juzgados de paz de la capital y se encuentra en una etapa de procesamiento de la documentación recabada durante los operativos, durante los cuales también fueron requisados los celulares de los titulares de las sedes judiciales intervenidas.
