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Para el lunes 24 de febrero, a las 11:00, se fijó el inicio del juicio oral y público a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 15 acusados en el caso A Ultranza, que estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk.
En atención a que el caso A Ultranza tiene varias causas desprendidas de las investigación principal, días atrás se ordenó acumular los expedientes relacionados a Insfrán Galeano y otros 15 acusados, a fin de llevar a cabo un único juicio oral.
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Junto a Tío Rico serán juzgados por presunto tráfico de drogas y hechos vinculados a dicho ilícito, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, Alberto Koube Ayala, Conrado Ramón Insfrán Villar, Luis Fernando Sebriano González, José Enrique Gamarra Villalba, Alexis Vidal González Zárate y Fátima Irene Koube Ayala.
Los demás acusados son Reina Mercedes Duarte Aguilera, María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Anibal Estigarribia Casco, Joceline Odorico Evangelista, Marina Nathalia Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia Alderete y María Virginia Araki.
Tío Rico, preso en cárcel de máxima seguridad
Al remitir la causa a juicio oral, el 27 de agosto de 2024, la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía también ordenó que Tío Rico sea trasladado inmediatamente de la Prisión Militar de Viñas Cue, donde cumplía desde el 25 de mayo de 2023 la medida de prisión preventiva, hasta la Penitenciaría Regional de Máxima Seguridad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. Esto teniendo en cuenta el perfil de “alta peligrosidad” con el que se señala a Insfrán Galeano.
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La acusación planteada por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, en contra de Miguel Insfrán Galeano, es por supuesta introducción al país y remisión al exterior de sustancias estupefacientes, comercialización ilícita de sustancias peligrosas y asociación criminal, de acuerdo con la Ley N° 1.340/88 de Drogas y su modificatoria la Ley N° 1.881.
Según la teoría del Ministerio Público, desde que el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera -prófugo aún- frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.
Los líderes del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con delincuentes de Bolivia y, el paraguayo Miguel Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en suelo paraguayo, su acopio en varios puntos del país y su posterior exportación al exterior, especialmente, por la vía fluvial.
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Tío Rico y Marset, una sociedad criminal
La acusación fiscal señala que la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.
Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelet”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.
En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.
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En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.
Infraestructura de Tío Rico al servicio de grupo narco
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, Tío Rico era quien lideraba en Paraguay el esquema logístico con relación a la cocaína que era adquirida de Bolivia por el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.
La mercancía ingresaba a territorio paraguayo en avionetas con matrículas bolivianas, que bajaban en pistas clandestinas preparadas en la Reserva Natural Cabrera-Timané ubicada en el Alto Paraguay, a pocos kilómetros de Bahía Negra.
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A partir de ese punto entraba al juego Miguel Ángel Insfrán Galeano, con la puesta a servicio de sus empresas Barakah SRL y El Porvenir SA, principalmente. La primera, si bien se dedicaba al rubro del transporte terrestre con tractocamiones, tenía registrado a su nombre el avión Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP; mientras que la segunda se dedicaba a la metalúrgica.
De hecho, esta aeronave Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP fue incautada durante los allanamientos del operativo A Ultranza en el “Hangar 23″ de la ciudad de Luque. Sin embargo, la misma había caído ya el 8 de octubre de 2020, cuando el fiscal asesinado Marcelo Pecci y la fiscala Alicia Sapriza habían intervenido el hangar del Aeroclub Arrayán de Areguá. Ese procedimiento anuló las movidas de Tío Rico y Sebastián Marset en ese tiempo.
