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Una comitiva policial y fiscal se constituyó este viernes en la sede del Palacio de Justicia de la ciudad de Luque, en el departamento Central. Los primeros datos señalan que el procedimiento se da por un presunto hecho sobre producción de documentos no auténticos.
Incautaron varios documentos y sellos que guardan relación al hecho mencionado, según los primeros datos que dieron a conocer a través de la Policía Nacional.
La intervención fue realizada por personal del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, bajo la dirección de la agente fiscal María Irene Alvarez, de la Unidad Penal Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
La intervención responde a una denuncia por la presunta producción de documentos no auténticos, que habrían sido utilizados para intentar liberar a miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).
El comisario Pedro Lesme, quien estuvo a cargo del operativo, explicó que la Policía Nacional recibió una denuncia sobre la posible falsificación de documentos judiciales, lo que motivó el allanamiento con el objetivo de recabar más información y esclarecer los hechos.
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Un intento de fuga con un documento adulterado
Lesme reveló que el esquema tenía como objetivo burlar los controles judiciales para lograr la liberación de reclusos procesados en Asunción por casos de narcotráfico. “Se detectaron incongruencias en los documentos, lo que llevó a verificar su autenticidad y confirmar que eran falsos”, indicó.
Entre los principales implicados en el intento de liberación figuran Glauber Fernández Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesleyborges Amador y Rhuan Da Silva Aires, todos miembros del PCC. Según las investigaciones, los reclusos gestionaron la falsificación de un oficio judicial durante la feria judicial, con el propósito de salir del penal, pero la maniobra fue frustrada al descubrirse la falsificación.
La jueza y la actuaria niegan haber tramitado el documento
El documento apócrifo estaba supuestamente vinculado a una jueza de la Unidad de Luque, quien aseguró que nunca recibió ni procesó un pedido de amparo constitucional relacionado con estos reclusos, ya que en ese período se encontraba de vacaciones. La actuaria de la misma unidad también manifestó que no tuvo acceso a ninguna solicitud de ese tipo, todo esto, según expresó el comisario.
Lesme detalló que uno de los factores que levantó sospechas fue que el documento se presentó en plena feria judicial. “Aparentemente, tiene el mismo formato que los documentos originales, pero el contenido no es como debería ser. Al verificar en los registros, se confirmó que no existía en el sistema”, puntualizó.
