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Álvaro Grau(PPQ), concejal de Asunción, calificó de positiva la sentencia firme de la jueza Celia Salinas que obliga al imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) a informar sobre la deuda financiera de la Municipalidad. La magistrada estableció en diez días el plazo para hacerlo. El Tribunal no confirmó que se haya dado el cumplimiento. Si se cuentan de corrido, los diez días se cumplieron ayer. Si fuesen días hábiles, la fecha límite sería este martes, 18 de febrero.
El concejal Grau recordó que ya el año pasado el intendente había incumplido una orden judicial idéntica, en una demanda planteada por él para que entregue toda la documentación sobre el destino final de los G. 500.000 millones en bonos para obras, que fueron desviados por la administración de Rodríguez.
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“Hasta ahora él no respondió eso, a pesar de que el juez Walter Mendoza lo condenó a entregar toda esa información. Lamentablemente el juez no consideró un desacato que él incumpla la orden que él mismo le dio al intendente. No podemos entender cómo eso sucede, pero lamentablemente es la Justicia que tenemos en este país”, reclamó.
El concejal opositor recordó que había requerido al intendente las conciliaciones y extractos bancarios que demuestren en dónde fueron depositados los fondos y a dónde fueron a parar, para poder hacer la trazabilidad. “En concepto de qué pago de deuda o prestación de servicios se hizo esa transacción, qué documentos respaldan eso, cuál es la orden de pago, dónde está la factura de la prestación de ese servicio”, detalló sobre lo que quería saber.
Transparencia no caracteriza a Nenecho
Grau remarcó que la orden del juez Mendoza data de entre julio y agosto del año 2024, lo que da una muestra de la conducta del intendente. “Vamos a ver si es que ahora responden algo, pero vemos que la transparencia no es algo que caracterice a esta administración”, criticó.
El concejal resaltó además que, lejos de cambiar de actitud, vemos al intendente “en el chat con Lalo Gomes diciendo que esto es algo contra el Partido Colorado. No acusa recibo de que él es el peor intendente de la administración municipal de Asunción. O sea, ¿los G. 500.000 millones que exigimos transparencia, es solamente porque somos de otro partido?”, preguntó retóricamente.
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“Él no le rinde cuentas a la Junta Municipal, a la Fiscalía, los fiscales vienen a allanar la oficina del intendente porque no responde; la Contraloría, que está manejada por su partido, y él dice que esto es algo contra el Partido Colorado”, reclamó.
El concejal dijo que se mantienen expectantes al resultado de la investigación de la Fiscalía, pero dijo que la Contraloría ya fue contundente. “Hubo desvío de fondos, es ilegal. No existe marco legal alguno que pueda demostrar la legalidad del desvío de ese dinero. Las obras no existen, el dinero tampoco está”, agregó.
Concejal afirma que hubo estafa a los inversores
El concejal Grau hizo énfasis en que el destino de los bonos no podía ser distinto al que establece el plan de inversión con el que se aprobaron. “Se constituyó una estafa a los inversores, los que compraron los bonos y a la ciudadanía”.
Para Grau, lo que hizo Nenecho “violó la ordenanza que habilita la emisión de los bonos, la ley Orgánica Municipal, la ley de Administración Financiera del Estado, su decreto reglamentario. Incluso violó la normativa que alude que es la ordenanza de la cuenta única, porque le prohíbe a él echar mano de los bonos para cualquier otro tipo de gasto”, dijo.
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Grau se refirió además al cambio de destino de G. 18.000 millones de los bonos G7, obtenidos originalmente para la reparación de la Estación de Buses, pero que fueron asignados al mejoramiento vial de varias calles de Asunción. “El año pasado había propuesto (y logrado) el cambio de destino de una emisión de bonos para pagar una licitación que ya había sido adjudicada y que tenía un certificado de disponibilidad presupuestaria”, dijo.
“La intendencia municipal emite certificados de disponibilidad presupuestaria fraudulentos, porque o sino tendría que haber pagado con la disponibilidad que tendría que haber estado a la hora de la adjudicación”, agregó.
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La licitación 421.591, para el mejoramiento vial de calles y avenidas, fue adjudicada a las firmas Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. (COVIPA) y Constructora Feldmann S.A., por G. 9.000 millones a cada una. Mirtha Acha, directora general de Obras de la Municipalidad de Asunción, confirmó esta semana a ABC que, tras las modificaciones de la fuente de financiamiento, aguardan “comunicación del área financiera para emitir orden de inicio” de las obras.
Alto endeudamiento, baja ejecución
Tras más de cinco años al frente de la Municipalidad, la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) tiene una pobrísima ejecución en obras, pese a haber tenido G. 728.404 millones en bonos, de los cuales, a mediados de 2024 había ejecutado apenas G. 230.000 millones. El resto, los G. 500.000 millones, fue desviado a gastos corrientes, según admitió esta semana el mismo intendente.
Tras asumir el cargo en diciembre de 2019, Nenecho informó en enero que contaba con G. 68.000 millones en saldo inicial de caja. Con cuatro emisiones, G6, G7, G8 y G9, el intendente acumuló G. 728.404 millones en bonos directamente para obras. El dinero ya no aparecía en las cuentas bancarias de la Municipalidad en 2024 y sorpresivamente, volvieron a aparecer en el presupuesto 2025, en el que figuran como saldo de bonos G. 410.6683.317.108.
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El desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron, fue denunciado por ABC entre marzo y mayo del año pasado. La Contraloría General de la República confirmó el desvío. La Fiscalía abrió una investigación y hace seis meses allanó la Municipalidad de Asunción en busca de documentos.
Paralelamente, Rodríguez también está investigado en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, en el que la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones. Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
La jueza Celia Salinas hizo lugar el pasado 5 de febrero a un amparo constitucional presentado por el abogado Ezequiel Santagada y obligó al intendente a entregar todos los documentos que hacen a la deuda financiera municipal.
