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El 3 de setiembre de 2025 es la nueva fecha fijada para que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Jorge Arce y Marlene González presenten requerimiento conclusivo en el caso “detergente de oro”, donde están procesados el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) y otros 21 imputados por presunta lesión de confianza y asociación criminal.
En principio, el Juzgado de Garantías había programado el 3 de marzo próximo como la fecha límite para la presentación de la acusación u otro requerimiento conclusivo, pero a pedido de los agentes del Ministerio Público el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala, concedió la prórroga extraordinaria de seis meses.
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Los fiscales a cargo de la investigación fundamentaron el pedido de la prórroga extraordinaria, señalando que existen varias diligencias a ser realizadas a fin de completar y complementar a las que ya obran en el cuaderno de investigación fiscal y de esta manera confirmar o no, con certeza positiva, la existencia de los hechos punibles investigados, la participación de las personas involucradas y si existen otros participantes.
Entre las diligencias señaladas resaltan que está pendiente de respuesta una solicitud de cooperación internacional realizada a la República Francesa, la cual se considera de vital importancia de información pues, por medio del informe proporcionado, se confirmaría si la firma Alkapharm, hoy día SAS SODEL, ha exportado los productos AlkaDDS, Septalkan Lingettes (wipes) , Septalkan y Surfalkan SH a la firma Genemed S.A; además si esta última firma es la única representante y distribuidora de todos los productos de origen francés en Paraguay.
Perjuicio de G. 1.830 millones con “detergente de oro”
Junto al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez afronta proceso por supuesta lesión de confianza y asociación criminal funcionarios municipales y vinculados a empresas que simularon la provisión de productos de limpieza durante la pandemia por el covid-19, que habrían causado un perjuicio de G. 1.830 millones a la comuna capitalina.
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Los demás procesados son César Daniel Ojeda Figueredo (exintendente interino), Nidia Rosa López de González (exdirectora general de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre municipal), Édgar Fabián Estigarribia Gavilán (exdirector general interino de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres) y Wilfrido Adrián Cáceres Flores (exdirector general de Administración y Finanzas).
La fiscalía también investiga a Edwin López Cattebeke (exdirector general de Administración y Finanzas en reemplazo de Wilfrido Cáceres), Enrique Antonio Chávez Benítez (exjefe del Departamento Financiero de la Dirección Administrativa), Ernesto Javier Armoa Ramírez (excoordinador general de la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres), Víctor Ramón Frágueda Ortiz (exjefe del Departamento Administrativo de la Dirección Administrativa) y Jorge Alberto Ruiz Díaz (exjefe del Departamento Financiero de la Dirección Administrativa).
Más imputados junto a “Nenecho” Rodríguez
También están imputados Elisa Nathalia Brítez Carrera (Asesora Administrativa de la Municipalidad), David Fernández Rachid (socio y representante legal de DFR SA), Agustín Fernández Estigarribia (socio de la firma DFR SA), Miguel Ángel Lisboa Pereira (socio y representante legal de DFR SA) y Juan Rodríguez (dueño de la firma Cova).
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Asimismo están procesados Jorge Daniel Argüello Vielma (trasladó supuestamente los productos a nombre de la firma Cova), María Victoria Cano Torres (representante legal de Bastian Comercial), Pedro Ramón Cano Martínez (ligado a la firma Bastian Comercial, de María Victoria Cano Torres) y Antonio Sebastián Cano Villagra (ligado a la firma Bastian Comercial, de María Victoria Cano Torres).
La nómina de procesados finaliza con Benicio Antonio Cano Martínez (tío de María Victoria Cano y representante legal de las empresas Comercial La Asuncena SRL y Distribuidora DIEST Medicinal), Darío Arturo Aquino Insaurralde (ligado a la firma Bastian Comercial (de María Victoria Cano Torres) y María Digna Méndez Escobar (representante legal de la firma M&F Industrial y Comercial Representaciones SA).
Denuncia impulsó investigación fiscal
La investigación del caso conocido como “detergentes de oro” se inició tras la denuncia presentada por la entonces senadora Kattya González, y los legisladores Celeste Amarilla y Sebastián García; los concejales Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Buongermini y los abogados Rosa Martinez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, con relación al año 2020.
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Por su parte el Ministerio Público también añadió el periodo 2021 tras observar un contrato de este año que no era parte de la denuncia ni del informe de la Contraloría General de la República (CGR), por lo que iniciaron la pesquisa de oficio al notar que en ambos periodos figuran involucradas las mismas empresas, de acuerdo con lo que indicó uno de los investigadores.
