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El concejal Álvaro Grau (Patria Querida) denunció esta mañana, en sesión de la Junta Municipal de Asunción, que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) tiene 11 pedidos de acceso a la información pública sobre temas de bonos y otros datos financieros que no fueron respondidos o que fueron respondidos a destiempo.
El edil denunció que al no responder estos pedidos de acceso a información pública, el intendente y su gabinete condenan a la ciudadanía a pagar las costas de los juicios, pues estos trámites pasan a resolverse en el ámbito judicial.
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“El asunceno debe pagar las costas de estos juicios, que se sabe que van a perder, porque el acceso a la información es una garantía constitucional y la ley así también lo establece”, apuntó Grau.
Justamente, uno de los pedidos de acceso a la información pública que “Nenecho” no cumplió tiene que ver con documentos sobre la deuda financiera que mantiene la Municipalidad y el destino final de G. 500.000 millones en bonos que la administración de Rodríguez desvió, según confirmó la Contraloría General de la República.
Piden informe sobre solicitudes de información pública que Nenecho no cumplió
El concejal Álvaro Grau pidió a la Junta Municipal que se requiera a la Intendencia informes sobre los pedidos de acceso a la información que están actualmente en trámite judicial y todas las solicitudes que pasaron a la Justicia desde el 2020 hasta el 2025.
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El edil requirió “cuántas son las costas de los procesos a los que fue sometida la Municipalidad desde el 2020 hasta el 2025, para saber cuánto le está costando a la ciudadanía la negativa del intendente a ser transparente y lo que realmente tiene que transparentar, que es el dinero de todos los asuncenos”.
Tras la confirmación de la Contraloría, la Fiscalía abrió una investigación sobre el desvío de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron. Paralelamente, Nenecho está imputado, con otras 21 personas, por asociación criminal y lesión de confianza en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, proceso en el que el Ministerio Público habla de un perjuicio de G. 1.850 millones a las arcas municipales.
