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La resolución que confirma la remisión a juicio oral, de la causa que afrontan Roberto Damián Garcete Rodríguez y su hijo Roberto Garcete Cano, por presunta usura y lavado de dinero, fue dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, que rechazó el recurso planteado contra el Auto Interlocutorio N° 318 de fecha 29 de agosto de 2024, firmado por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia.
En el Auto Interlocutorio N° 21 de fecha 19 de febrero de 2025 los camaristas Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas concluyen que ni el hecho de usura ni la porción fáctica correspondiente al lavado de dinero han prescrito, tal como argumentó la defensa en su escrito de apelación. “Los acusados aun estarían haciendo uso de un bien presuntamente adquirido a través de un ilícito, lo que impide que opere la prescripción”, resaltan los magistrados en la resolución.
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Por su parte la camarista Andrea Vera Aldana votó por declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa, con el fundamento de que todas las cuestiones propuestas por las partes puede ser discutidas en oportunidad del juicio oral y público.
En esta causa también fueron imputadas Lida Concepción Cano de Garcete y Fabiana Soledad Garcete Cano, esposa e hija de Roberto Damián Garcete Rodríguez. Sin embargo, en la audiencia preliminar el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia, a pedido de la fiscala Belinda Bobadilla, dispuso el sobreseimiento definitivo de ambas.
Esquema de usura ligado a RGD, según fiscalía
Este caso se inició en junio de 2013 cuando Eladio Miguel Britos, necesitando capital operativo para cumplir con trabajos de construcción que habían sido adjudicados a la firma Proyinel SA, recurrió al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez para acceder a un préstamo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
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Según la acusación fiscal el 26 de junio de 2013, Miguel Britos y sus hijas Laura y Rossana acudieron a la escribanía de confianza de Garcete Rodríguez, la escribana María de Lourdes Duarte Franco; donde se encontraba el dirigente de fútbol, con quien se había realizado el trato; y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano.
Ya en la escribanía Miguel Britos y sus hijas, representantes legales de la firma Proyinel SA, fueron presionados para firmar un compromiso de pago, que terminó siendo en realidad una compraventa de un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, valuado en aproximadamente G. 1.100 millones.
Víctima de usura pagó mucho más de lo que prestó
Una vez en la escribanía, la familia Britos recibió la suma de G. 200 millones y en el plazo de un año terminó abonando G. 100 millones; además entregó dos cheques de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por un total de G. 300 millones. Es decir, Roberto Damián Garcete Rodríguez percibió el doble de lo que había entregado como préstamo.
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Luego Garcete Rodríguez solicitó a la escribana María de Lourdes Duarte Franco que en vez de figurar como adquirente del inmueble su hijo, figure la firma Credy Money SA, de la cual él era presidente. Fue que así que, luego de que ya fuera firmada la escritura pública que contenía el acto simulado, la escribana modificó el monto de la operación a G. 1.500 millones e hizo constar que el adquirente era el señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, en representación de la firma Credy Money SA.
La fiscala Belinda Bobadilla puntualiza en la acusación que el 26 de noviembre de 2014 el señor Roberto Garcete Rodríguez convocó a Miguel Britos a una reunión para el día siguiente (27 de noviembre) en una oficina ubicada en el centro de Asunción, que terminó siendo la de Ramón González Daher.
Reunión con Ramón González Daher y posterior desalojo
Miguel Britos concurrió a dicha oficina acompañado de sus hijas María Laura y Rossana Britos, y en el lugar encontraron al actualmente condenado a 15 años de cárcel, quien les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda, la que está ubicada en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G. 200 millones.
En fecha 26 de diciembre de 2014, Roberto Damián Garcete Rodríguez nuevamente convocó a la víctima de usura Miguel Britos y a su hija Rossana, a una reunión en la misma oficina de Ramón González Daher, ocasión en la que el hoy acusado les dijo que si querían recuperar su casa debían comprometerse a pagar la suma de G. 2.257.440.000.
Con el propósito de ganar tiempo, Miguel Britos entregó cuatro cheques, los cuales fueron entregados por el señor Roberto Garcete Rodríguez a Ramón González Daher. En marzo de 2015, luego de la cancelación de la cuenta corriente de Britos en el banco, tras la presentación de uno de los cheques, Roberto Garcete indicó a la escribana María de Lourdes Garcete que inscribiera a su nombre el inmueble, en los Registros Públicos.
