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Una de las varias movidas dispuestas por Emiliano Rolón, dentro del Ministerio Público, se dieron a través de la Resolución FGE N° 549 emanada el martes último. Mediante dicho documento, reasignó a la agente fiscal María Angélica Acosta Bjasso, como titular de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial N° 9 de Asunción, ubicada en el barrio Jara, con vigencia desde el 25 de febrero.
Así, la fiscala Bjasso pasa a reemplazar a la fiscala Raquel Andrea Vera Salerno, que fue reasignada a la Unidad Penal N° 2 de la Barrial N° 3 de Asunción, en reemplazo de la fiscala María Alejandra Savorgnan González, quien pasará a cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, en lugar de Bjasso.
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La agente fiscal María Angélica Bjasso había caído detenida en el año 2019, junto con el abogado Luis Méndez, durante un operativo de entrega vigilada dirigida por el fiscal Leonardi Guerrero. Por este mismo caso, también fue detenido el juez Geraldino Cazal.
Según la investigación, tanto la fiscala como el magistrado habrían solicitado y recibido dinero para favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión preventiva.
Posterior a este hecho, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por Auto Interlocutorio N° 390, del 29 de octubre de 2019, dispuso la suspensión de la fiscal Bjasso. La misma estuvo suspendida hasta el 11 de marzo de 2022, en tanto que con relación al juez Cazal se dictó su sobreseimiento provisional y levantamiento de medidas cautelares dictadas en su contra.
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Juicio a fiscala, juez y abogado por coima fue suspendido
El ministerio Público había acusado al abogado Luis Méndez y en relación a él señaló que fue el que propuso al denunciado por el caso de abuso sexual, el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acosta y los otros G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.
En setiembre de 2024, la jueza penal de garantías de Ñeembucú Tecla Noemí Ríos, elevó la causa a juicio oral y público, con relación a la fiscala María Angélica Bjasso, el juez Geraldino Caza Argüello y el Luis Antonio Méndez Vera, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias.
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El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ana Rodríguez e integrado por sus colegas Yolanda Morel y Karina Cáceres, resolvió suspender el inicio del juicio debido a las chicanas presentadas por los abogados Ricardo Paredes, defensor del juez Cazal, y Alcides Gayoso, defensor de la fiscala Bjasso, informó el fiscal que actualmente lleva el caso, Silvio Corbeta.
El fiscal Corbeta refirió que los abogados de la defensa presentaron un incidente de incompetencia del Tribunal de Sentencia, argumentando que la causa debía ser juzgada por un Colegiado de Ñeembucú. Añadió que, contestó que ello no correspondía porque “la elevación de la causa fue posterior a la Acordada N° 1406/2020 de la Corte que regula la ley del 2019, que señala que si el proceso se inicia en juzgado ordinario y pasa a la sigueinte etapa puede ser discutida en Tribunal Especializado en virtud a los hechos acusados. Esto también sostuvo el Tribunal para declararse competente”, indicó el agente.
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Posteriormente, según lo detallado por Corbeta, las defensas también presentaron una resposición con apelación en subsidio en la que mencionaron que hay una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución. “Contesté que el curso principal del proceso no se suspende por una acción, salvo que haya una medida cautelar dispuesta por la Corte, cosa que no fue acreditada en el juicio”, indicó el representante del Ministerio Público.
El Tribunal de Sentencia rechazó la resposición y ahora el incidente se elevó a un Tribunal de Apelación, pero del departamento de Ñeembucú, que fue el que tiene competencia en este caso. Recién cuando se resuelva el recurso, se volverá a fijar fecha para intentar iniciar el debate público, detalló el fiscal Silvio Corbeta.
Otros cambios en Fiscalía
A través de la Resolución FGE N° 549, Emiliano Rolón designó al fiscal Ysrael Villalba Ramírez, como titular de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando N° 2, con cobertura en todo el departamento de Alto Paraná, con sede en Ciudad del Este, en reemplazo del fiscal Julio César David Paredes Duarte.
Por otra parte, designó a la fiscala Cinthia Leiva Cardozo a la Unidad Penal N° 3 de Ciduad del Este, en reemplazo de la fiscala Diana Andrea Burgos Fretes; también designó a la fiscala Claudelina Alicia Corvalán Ocampos, a la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando N° 3, con cobertura en todo Alto Paraná.
Por Resolución FGE N° 548, fueron asignados el fiscal Alejandro Daniel Bazán Zapata a la Unidad Penal N° 5 de Pilar, en Ñeembucú, en lugar del fiscal Milciades Rubén Ramón Benítez, que a su vez reemplaza a la fiscala Carolina Erika Encina Cáceres, en la Unidad de Delitos Ambientales de Pilar, pero sin perjuicio de sus funciones en la Unidad de Lucha contra Narcotráfico de Ñeembucú.
Así también, fue asignada la fiscala Cindy Magalí Prieto Vera, a la Unidad Penal de Ejecución, Transición, Civil, Comercial, Laboral, Electoral Niñez y Adolescencia, de Pilar, en reemplazo de la fiscal Rocío Celeste Alvarenga. Además, el fiscal Diego Higinio Benítez Gamarra fue asignado a la Unidad Penal N° 2, de Ejecución, Transición, Civil, Comercial, Laboral, Electoral Niñez y Adolescencia, de Alberdi, en reemplazo del cuestionado fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta.
