Cargando...
Funcionarios organizados en el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ministerio de Justicia exigen a sus autoridades que las empresas médicas Cardioteq y Samaja cumplan con el millonario contrato que firmaron con la institución pública y brinden los servicios médicos estipulados a los funcionarios.
Liz Báez, vocera de los sindicalistas, reclamó que aunque ganaron una licitación millonaria (G. 34.000 como mínimo y máximo de 68.000) supuestamente por ser los seguros con mayor capacidad financiera, recurren a argucias para no realizar ciertos procedimientos médicos.
Advirtió que ya están por topear la cifra límite del contrato, debido a que cada vez hay más funcionarios ingresando al sistema y no hay previsibilidad en el presupuesto.
Lea: Firma “mimada” quiere quedarse con millonario contrato por seguro médico
Les diagnostican “enfermedad crónica” para no hacerles estudios
Según denunció la entrevistada, antes de realizarles análisis o diagnósticos de imágenes, les dicen que tienen una “enfermedad crónica” para usar este argumento a favor y no realizarles más procedimientos.
Aseguran que estos servicios que obstruyen están contemplados en el contrato.
Denunciaron que les postergan las visaciones para poder realizarse estudios o “inventan” auditorías médicas como excusa para no tener disponibles los servicios.
Liz Báez recordó que existe una declaración jurada de sanatorios y profesionales que deberían estar disponibles para atender a los asegurados; sin embargo, en la práctica no se cumple lo que dice el Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, la funcionaria denunció que el mencionado pliego se modificó en tres oportunidades, a la medida de estas empresas, para que sean adjudicadas.
Más info: Nakayama: “Si el funcionario público quiere seguro médico que se pague de su bolsillo”
Se declararon preparados, pero ahora dicen que no les pagan
Puntualizó que en el mes de enero tuvieron numerosos problemas, pues el seguro les decía que el Ministerio de Justicia no estaba pagando el servicio.
La sindicalista se pregunta cómo puede esto ser un inconveniente, cuando al ganar la licitación la empresa declaró estar financieramente preparada para proveer atención médica a una institución pública.
Agregó que es de conocimiento general que las instituciones tienen problemas de pagos en enero por una cuestión presupuestaria.
Más info: Millonarios gastos en seguro médico vip y regalos en la ANNP y la Armada
Liz Báez detalló que ella pertenece al sector de los agentes penitenciarios educadores y que, por su condición de trabajo, para este grupo es indispensable acceder a consultas y estudios médicos.
“Con la Ley 1.626, en caso de ausencias directamente te sumarian. Y este seguro no se ajusta a nuestra realidad laboral”, expuso.
La funcionaria sostuvo que cuentan con todas las evidencias documentales que prueban la veracidad de lo que denuncian.
