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Tras llevar adelante un juicio contra el protagonista de aquella lamentable escena de violencia en el estacionamiento del Del Sol Shopping, ahora la víctima de la agresión debe afrontar un juicio más. Pero en esta oportunidad la acusada es ella, por supuesta apropiación, en una causa impulsada por su exesposo, ahora condenado por violencia familiar.
El calvario de la protagonista de esta historia se hizo público el 21 de febrero de 2020, fecha en la que se “viralizó” el video del escrache que la actriz Diana Frutos hizo a un hombre que agredía físicamente a su exesposa en el centro comercial. La agresión se inició en una cafetería y prosiguió en el estacionamiento, hasta donde llevó a la fuerza a la víctima, a quien tenía sujetada de los pelos y zarandeaba por el camino, acción que solo abandonó cuando advirtió que era filmado.
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En juicio oral y público a su agresor, la víctima reveló que llevaba 14 años viviendo un verdadero inferno y que tras la denuncia, con el apoyo que recibió de su familia -de la que llevaba apartada por siete años por imposición de su esposo- logró cortar la relación tóxica con el acusado, con quien tiene dos hijas menores de edad.
La investigación permitió constatar que el hombre había instalado un GPS en su vehículo para seguirla, le prohibía compartir y contactar con sus amigas, y realizaba constantes videollamadas para controlar dónde se iba y qué hacía.
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El hombre, que fue condenado a dos años de cárcel por violencia familiar, se adueñaba de los ingresos que percibía su esposa por los dos trabajos que ella tenía y los utilizaba en su totalidad para pagar los gastos de la casa.
También se supo en juicio que una de las dos hijas del matrimonio vivía con la abuela, a raíz de las constantes agresiones sufridas por parte de su padre en un caso que se judicializó.
Condena por violencia familiar
El juicio por violencia familiar concluyó el 11 de octubre de 2023 con la condena del agresor a dos años de cárcel, por fallo unánime del Tribunal de Sentencia presidido por Carlos Hermosilla e integrado con Juan Pablo Mendoza y Héctor Fabián Escobar, dispuso además la suspensión a prueba de la condena, a cambio de que siga tratamiento psicológico por 2 años.
La fiscala Zully Figueredo había solicitado una pena de tres años de cárcel para el acusado, quien se desempeñaba como funcionario público del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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En segunda instancia, la condena fue ratificada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, en marzo del año pasado.
Si bien la condena al agresor significó alivio para la víctima, ella no se imaginaba que su martirio estaba lejos de terminar. Tras la situación generada, el agresor llamó una amiga en común y le dijo que dejaba las cosas del departamento a su exesposa y a sus hijas menores de edad, que podían quedarse a vivir ahí o alquilar el inmueble e ir a vivir a otro lugar. Luego, reiteró su ofrecimiento ante otra testigo y también ante sus propias hijas.
Así las cosas, la víctima requirió la intervención del juzgado de paz donde había registrado el hecho de violencia y con autorización judicial y acompañamiento policial, retiró electrodomésticos, camas y roperos de sus hijas, la computadora utilizada por las niñas para clases virtuales y enseres varios. Todo lo trasladó a la casa que eligió para vivir con sus hijas en esta nueva etapa de su vida.
Ex pidió que retire objetos y luego presentó denuncia por hurto
Por su parte, el exesposo, para entonces ya investigado por violencia familiar, acudió ante la comisaría 17° para denunciar a la víctima por supuesto hurto agravado de lavarropas, televisión, horno eléctrico, roperos y camas, entre otras cosas. Según su denuncia, el supuesto robo ocurrió el 23 de febrero del 2020, dos días después de la agresión en el shopping.
Un día antes, según acta labrada ante la misma dependencia policial, el hombre escrachado por violento había denunciado a la madre de sus hijos por supuesto abandono del hogar, hecho que dijo ocurrió el 1 de febrero de 2020.
Ante la Fiscalía, el denunciante adjuntó las facturas correspondientes a los objetos reclamados y precisó que tenían disolución conyugal desde el año 2013.
En su declaración indagatoria ante la fiscala Egidia Gomes -hermana del finado diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes-, la denunciada explicó el contexto en que retiró los objetos reclamados, presentó el oficio judicial, el acta policial y ofreció testimonios de las personas que podían corroborar su versión.
La denunciada manifestó que todas las facturas correspondientes a las compras que realizaba el matrimonio se expedían a nombre de su exesposo, a los efectos del pago del impuesto a la renta personal (IRP). No obstante, la denunciada hizo entrega a la Fiscalía de la computadora, de la televisión de 32 pulgadas con su control remoto, un horno eléctrico, un lavarropas y un secarropas.
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Querella impulsa juicio por dos delitos
“Nunca ocurrió el hecho que denunció mi papá a mi mamá. Mi papá nos dijo que el departamento iba a ser para nosotras y que si no vivíamos ahí, podíamos alquilar. Las cosas como muebles y electrodomésticos iban a ser para nosotras. Ese día mi hermana y yo acompañamos a mi mamá y también estaba la policía que tuvo que venir porque mi papá cambió la cerradura y llevamos los electrodomésticos y los muebles (...)”, relató la hija adolescente de 15 años en su declaración ante la Fiscalía.
“(...) cuando él pidió, le devolvimos todas las cosas y nos quedamos prácticamente sin nada. Él no necesita porque según dice, está viviendo con mi abuela y todo lo que está haciendo es para perjudicar a mi mamá. Inclusive envió un escrito anónimo al trabajo de mi mamá, también envió copia del expediente y mi mamá corre el riesgo de que se le eche (...)”, reveló la testigo.
Para su sorpresa, a pesar de contar con este y otros testimonios que coinciden en que el denunciante ofreció que retiraran los objetos que ahora reclama, el 24 de octubre de 2022 la fiscala Hermenegilda Cubilla la imputó por supuesta apropiación.

El 10 de agosto de 2023, la jueza penal de garantías de Lambaré, Ana Esquivel, otorgó sobreseimiento provisional a la procesada a petición de la fiscala Cubilla, ratificada por el fiscal adjunto Edgar Moreno.
En este caso, el denunciante presentó querella y a través de la misma insistió en reiteradas ocasiones que se le convoque a la denunciada a para prestar declaración indagatoria por supuesto hurto agravado (declaración prestada el 9 de agosto de 2024) de manera a que sea procesada por ambos delitos.
En diciembre último, ante un pedido de reapertura de la causa y acusación presentada por la fiscala Cubilla el 10 de agosto de 2024, la magistrada dispuso que el caso vaya a juicio oral y público por supuesta apropiación. Esta resolución fue recurrida y actualmente se encuentra en estudio ante el Tribunal de Apelación de Central.
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¿Pesa influencia de la masonería?
Un dato no menor revelado en juicio por la víctima, es que el agresor se ufanaba de ser masón (de la Gran Logia Simbólica del Rito de York en Paraguay) y de manejar a la Fiscalía gracias a ello.
“Siempre me amenazaba, él era masón, tenía sus contactos, que muchos abogados eran sus amigos, que la Fiscalía, que todo. Y bueno, entonces siempre viví así, yo no fui la única que sufrió violencia, fueron mis hijas también, mi nena más chica a los 12 años, en 2019 ya se fue de la casa porque su papá le pegó”, relató en juicio.
La influencia masónica en las actuaciones fiscales y judiciales siempre fue vox populi en nuestro país y no son pocas las personas que al verse en situación de litigar contra un miembro de la logia, opta por desistir antes de empezar porque aunque tenga razón en cualquier que sea su reclamo, sabe que la justicia no va a prevalecer. Veremos si este proceso, como mínimo insólito, será un caso más de estos.