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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción integrado por los jueces Yolanda Morel (presidenta), Ana Rodríguez Brozón y Karina Cáceres González fue ratificado por la Cámara de Apelaciones para juzgar la causa que afronta la exfiscala Ana Girala junto a otros acusados, por el supuesto esquema de extorsión y coima en la Fiscalía de San Lorenzo.
La apelación general interpuesta por los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, defensores de Girala, en contra del Auto Interlocutorio N° 15 de fecha 11 de febrero del 2025, que resolvió rechazar la recusación contra el Colegiado de Sentencia; fue rechazada por los camaristas Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias y Bibiana Teresita Faria.
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Además, el tribunal de alzada resolvió advertir a los abogados que, en caso de no adecuar sus actuaciones a las reglas de la buena fe, se procederá a lo conforme a lo establecido en el Artículo 114 del Código Procesal Penal. Es decir, serán sancionados si siguen planteando recursos meramente dilatorios.
Con esta decisión de la Cámara de Apelaciones ahora el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción tiene vía libre para volver a fijar fecha para el juicio oral y público a la exfiscala Ana Girala y otras cuatro personas acusadas.
Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según Fiscalía
Junto a Ana Girala serán juzgadas la ex asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez; y la secretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz, acusadas como coautoras y cómplices del esquema de coima y extorsión; así como las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, sindicadas por el Ministerio Público por extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal.
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El 16 de febrero de 2023 se realizó una entrega vigilada y fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el entonces fiscal Osmar Legal (actualmente juez de Garantías).
Fiscalía se convirtió en “oficina de recaudación”
Este proceso se inició a partir de una denuncia de un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo por tentativa de homicidio doloso, según el requerimiento conclusivo presentado por Legal y el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera, con base en una investigación realizada entre los meses de setiembre de 2022 y febrero de 2023.
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Con la investigación quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destacó en su escrito conclusivo el entonces fiscal Osmar Legal, quien presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año 2022, inclusive.
