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El caso de Giovanni Paolo Divitto Aquino es el centro del debate por el presunto privilegio e incumplimiento de horario en el trabajo. De acuerdo con el abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, la Ley 1626 de la Función Pública establece diversas modalidades de vinculación con el Estado, siendo las principales: el nombramiento (funcionario permanente) y la contratación bajo diferentes categorías presupuestarias.
“El personal contratado en el Estado se rige por el clasificador presupuestario, que determina qué funciones pueden ser ocupadas y bajo qué régimen. Además, la contratación debe contar con una partida presupuestaria específica y disponibilidad financiera”, explicó Rivas Careaga.
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No obstante, todas las contrataciones deben ajustarse a lo estipulado en la Ley de Presupuesto General de la Nación.
¿Cómo se regulan las obligaciones de los contratados?
Uno de los puntos clave en la discusión es el cumplimiento de horarios y obligaciones de los contratados. Rivas Careaga detalló que las leyes de presupuesto anuales incluyen cláusulas sobre la obligatoriedad de marcación de asistencia, aunque esto puede variar según la modalidad del contrato.
“En el caso de consultores, se rigen por el Código Civil. Esto significa que su contrato debe cumplirse conforme a lo pactado. Si el contrato no establece la obligación de marcar asistencia, entonces no debería exigirse”, afirmó el abogado.
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En sectores como salud y educación, la presencialidad es indispensable, pero en otras áreas el régimen puede ser más flexible, dependiendo de los términos contractuales. Sin embargo, si un funcionario público encargado del control de estos contratos no supervisa su cumplimiento, podría incurrir en una falta administrativa e incluso en un hecho punible, dependiendo de la gravedad de la omisión.
¿Debe haber un control más estricto?
El caso del hijo de la senadora Norma Aquino genera indignación, ya que se comprobó que incumple con su horario laboral sin consecuencias aparentes. Rivas Careaga sostiene que, en cualquier contrato, lo primero que se debe analizar es su naturaleza: si es por unidad de tiempo o por producto, así como su modalidad de pago.
“Si un contrato establece un pago por unidad de tiempo, la asistencia es clave. Si es por producto, lo relevante es la entrega del trabajo en los plazos acordados. En cualquier caso, siempre debe haber un responsable de la ejecución del contrato, que normalmente es un funcionario público nombrado”, explicó.
En este contexto, si hay incumplimientos y el supervisor no los reporta, también puede estar incurriendo en irregularidades.
¿Qué dice la ley ante estos casos?
Según Rivas Careaga, cualquier controversia sobre el cumplimiento de un contrato en el sector público debe resolverse en el marco del Código Civil y la normativa presupuestaria vigente. En caso de una disputa judicial, el juez evaluará lo pactado en el contrato y su adecuación a las leyes aplicables.
“Si el Código Civil establece que lo pactado en el contrato es lo que debe cumplirse, entonces esa será la regla. No se puede imponer una exigencia que no está establecida en el documento firmado”, concluyó.
El caso de Giovanni Paolo Divitto Aquino pone en evidencia las deficiencias en el control de la función pública y reabre el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y equidad en las contrataciones del Estado.
