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El hacinamiento de las penitenciarías es considerado un problema de larga data por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que reitera el tema en sus informes desde hace años, puntualizando que tanto el abuso de la prisión preventiva, con más de 70% de la población privada de libertad a la espera de una decisión judicial, como el problema estructural de la ausencia de políticas públicas que aseguren condiciones de vida digna, “han sometido al país a un sistema penitenciario hacinado”.
El comunicado de la organización indica que, según el estándar de derechos humanos de la Corte Interamericana, las instituciones penitenciarias deben proporcionar un mínimo de siete metros cuadrados por persona, lo que equivale a una capacidad total de 4.310 plazas.
La situación en Paraguay
En Paraguay, la capacidad se ve superada en 14.451 personas, operándose al 808% de su límite, mientras que el parte diario del Ministerio de Justicia indica que, a enero de 2025, existen 18.764 personas privadas de libertad en el país, resultando en un índice de hacinamiento nacional del 435%, indican.
Penitenciarías más críticas por hacinamiento, según el MNP
- Villarrica: 1.142%
- San Pedro: 1.105%
- Ciudad del Este: 966%
- Emboscada: 825%
- Tacumbú: 409%
Recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
- Instar a los operadores del sistema de justicia a presentar acciones de tutela en favor de las personas privadas de libertad, de manera a que se limite el ingreso en condiciones inhumanas y degradantes a las penitenciarias saturadas.
- Se destaca la tutela presentada en la circunscripción judicial de Concepción, relativa a la Penitenciaría Regional de Concepción, que exhorta al Ministerio de Justicia a cerrar para nuevos ingresos y respetar la capacidad de albergue.
- Desarrollar un sistema de control de las medidas en libertad, que respalde la función jurisdiccional para aplicar medidas alternativas menos gravosas.
Es fundamental contar con un centro de medidas no privativas de libertad a cargo del sistema de ejecución del Ministerio de Justicia, para evitar el colapso del sistema de seguridad interna y prevenir mayores problemas a corto plazo, manifiestan.
Finalmente, señala que el objetivo principal debe ser la reducción del número de “privados/as de libertad sin condena, garantizando que la prisión preventiva se aplique únicamente como medida excepcional. De lo contrario, el sistema penitenciario seguirá encaminándose hacia el colapso, favoreciendo el fortalecimiento del crimen organizado de base carcelaria, que se beneficiará del reclutamiento de personas desprovistas de garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales, en un Estado social derecho”.
