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Los camaristas Gustavo Bóveda, Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos, integrantes del Tribunal de Apelación de Central, segunda sala, tienen a su cargo el estudio de la apelación presentada contra una resolución que dispone que una mujer acusada de supuesta apropiación afronte juicio oral y público.- Lo llamativo del caso es que la causa es impulsada nada más ni nada menos por su exesposo, condenado por violencia familiar de la que resultó víctima la ahora acusada.
El recurso de apelación presentado por el abogado Gustavo Cardozo está dirigido contra el primer punto del Auto Interlocutorio (AI) N° 2883 de fecha 26 de diciembre de 2024, que se refiere específicamente a la decisión de la jueza penal de Garantías de Lambaré Ana Esquivel de no hacer lugar al incidente de sobreseimiento definitivo que planteó a favor de su defendida.
En la misma resolución, la magistrada admite la acusación por supuesta apropiación presentada por la fiscala Hermenegilda Cubilla. Por su parte, la querella presentó una acusación por los supuestos delitos de apropiación y hurto agravado contra la acusada. Los nombres de los protagonistas se mantienen en reserva debido a que una de las dos hijas de la pareja aún es menor de edad.
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Condenado por violencia familiar utiliza sistema penal para venganza
“La mentada resolución repercute gravemente en mi representada, en tanto lo mantiene embarcado, sin razón legal, en la molesta y fatigante aventura de seguir sometida a un proceso penal cuando que están dadas las condiciones para el Sobreseimiento Definitivo que, a diferencia de la acusación maliciosa, misógina e inobjetiva, que genera una exposición innecesaria a un proceso improcedente, en el cual el querellante se encuentra utilizando el sistema penal como un mecanismo de venganza privado a raíz de haber sido denunciado y posteriormente condenado por violencia familiar en contra de la hoy imputada, faltando incluso a la verdad en la secuencia de los hechos, a fin de acomodar sus pretensiones y conseguir una persecución de inocente, acogida increíblemente por la agente Fiscal que formuló la acusación, a pesar de que se encuentra plasmado en el cuaderno de investigación elemento de convicción idónea y suficiente que desacredita por completo y de manera evidente la acusación fiscal”, sostiene Cardozo.
La denuncia que dio origen a la causa N° 573/20 “M.M.R.R. sobre apropiación” fue presentada el 23 de febrero de 2020 ante la comisaría 17 ª y según el denunciante, ocurrió en un departamento de Villa Elisa, de donde su esposa retiró electrodomésticos varios. Ante la misma comisaria, un día antes, el hombre escrachado por violento había denunciado a la madre de sus hijos por supuesto abandono del hogar, oportunidad en que consignó que este hecho supuestamente ocurrió el 1 de febrero de 2020.
En realidad, la cuestión empieza un poco antes, específicamente el 21 de febrero del 2020, cuando el denunciante fue filmado por la actriz Diana Frutos cuando agredía a su esposa en el Shopping del Sol. La filmación fue ampliamente compartida en redes sociales y motivó la apertura de una causa penal por violencia familiar contra el hombre, que concluyó posteriormente con su condena a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la condena, actualmente firme.
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Fiscalía “ninguneó” evidencias presentadas por la defensa
A partir de la “viralización” de la filmación, el agresor arremete contra su víctima con las denuncias que ahora la tienen al borde de un juicio oral y público. En su presentación, el defensor señala que esto no se debe a la ausencia de elementos para desestimar la acción, sino a la falta de objetividad de la fiscala Hermenegilda Cubilla al dar andamiaje a una denuncia a todas luces infundada y hacer caso omiso a las evidencias presentadas por la defensa, que dejan en evidencia la inexistencia de hecho punible.
“La misma debió de ser objetiva y actuar conforme a derecho, pero sobre todo debido de ser la primera en velar por los derechos de mi representada y evitar la procedencia de una denuncia falaz, temeraria y misógina evitando la revictimización de violencia, como poniendo un apaño del Estado Paraguayo, siendo que la misma representa al Estado Paraguayo y no solamente a una voluntad personal, caprichosa o antojadiza e incluso permisiva o servil en cuanto a las pretensiones hostiles del querellante”, sostuvo Cardozo.
En su declaración indagatoria ante la fiscala Egidia Gomes -hermana del finado diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes-, la denunciada explicó el contexto en que retiró los objetos reclamados, presentó el oficio judicial, el acta policial y ofreció testimonios de las personas que podían corroborar su versión. Testigos declararon que fue el mismo denunciante el que pidió que vaya al departamento y retire las cosas, antes de ir a denunciarla.
La denunciada manifestó que todas las facturas correspondientes a las compras que realizaba el matrimonio se expedían a nombre de su exesposo, a los efectos del pago del impuesto a la renta personal (IRP). No obstante, la denunciada hizo entrega a la Fiscalía de los objetos reclamados: una computadora (utilizada para las clases virtuales de las hijas del matrimonio), de la televisión de 32 pulgadas con su control remoto, un horno eléctrico, un lavarropas y un secarropas.
“La acusación sobreviene luego de que el hoy querellante sea condenado a la pena privativa de libertad de 2 años sujeto a una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, esto evidencia que el mismo, como represalia a dicha condena, ha buscado por todos los medios obligar que el Ministerio Público formule una acusación temeraria, a la cual la agente fiscal por una falta de objetividad y valentía ante el obrar querellante misógino ha procedido a formular la acusación, cuando en realidad contaba fehacientemente con la declaración de las propias hijas del denunciante, que referirían, incluso gravaron un video haciéndole muy didáctico por si le era muy profundo a su entendimiento, que el padre lo había autorizado a retirar las pertenencias de la vivienda, con ello resulta más que evidente que no constituye hecho punible”, afirma Cardozo.
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Defensa cuestiona nulo control del juzgado penal de Garantías
Los cuestionamientos de la defensa también alcanzan a la jueza penal de Garantías que admitió la acusación, a quien la defensa acusa de tener una actitud omisiva ante las irregularidades advertidas en el obrar de la agente fiscal interviniente. Cardozo afirma que la magistrada se limitó a realizar una formulación genérica y ambigua, sin explicar específicamente las razones de por qué los argumentos expuestos por la defensa no corresponden a derecho.
“Últimamente los jueces de Garantías hacen un mal uso del artículo 353 en su penúltimo párrafo, en el cual establece que el juez velará especialmente que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio oral y público. Esto no le exime al mismo en quien deba eventualmente hacer un mínimo examen de los recaudos o las pruebas colectadas durante la etapa preparatoria y, en su caso, de ser visible como en el caso de autos, decretar el sobreseimiento cuando resulte evidente que no constituye el hecho punible cuando las mismas no reúnan los presupuestos de su tipicidad subjetiva. Cuando muy bien se ha señalado que existen declaraciones testificales, inclusive no negadas por el propio denunciante, en las cuales se ha señalado que el mismo había autorizado, a raíz de la violencia familiar que él haya protagonizado, a que la misma retire las pertenencias utilizadas por él y sus hijas o, en su caso, escoger continuar viviendo en la casa”, agrega Cardozo en su apelación.
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¿Influencia masónica para la revictimización?
La defensa lamenta que ni la jueza ni la fiscala hayan considerado los testimonios de una amiga y de las hijas de la pareja ni el contexto de de violencia familiar en que se presentó la denuncia que al parecer, prospera “contra viento y marea” gracias a la influencia del denunciante dice tener, por pertenecer a la Gran Logia Simbólica del Rito de York en Paraguay.
Esta insólita causa penal impulsada por un condenado por violencia familiar contra su víctima es la más clara muestra de la revictimización que a veces deben afrontar las mujeres que se animan a cortar con el ciclo de violencia. Este, a la par de la impunidad del agresor, es precisamente uno de los factores que hace que muchas mujeres desistan de accionar contra sus agresores.
