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En diciembre de 2022, el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez eligió a Emiliano Rolón como fiscal general del Estado. La Cámara de Senadores aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. Así, Rolón asumió el mando del Ministerio Público el 10 de marzo de 2023, sucediendo en el cargo a la cuestionada fiscala Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga.
Al asumir su cargo, Rolón había manifestado “la promesa firme mía de que tengo un modo de ser diseñado, desde siempre, de apego a la ley y sin preferencia a las partes. El conflicto penal que tiene cualquier sujeto es un problema de él, no mío”.
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En ese tiempo, el fiscal general del Estado también había referido que la institución a su cargo debía convertirse en una institución con autonomía y autarquía.
La mayor deuda de Emiliano Rolón, el caso Pecci
La muerte del fiscal Marceo Pecci se registró el 10 de mayo de 2022, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias, Colombia, durante su luna de miel. La investigación del caso se realizó rápidamente con la detención y posterior condena a los autores materiales. Sin embargo, autoridades colombianas señalaron que la orden de matar al fiscal salió de Paraguay, por lo que indagar aquello quedaba a cargo del Ministerio Público paraguayo.
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Rolón entonces conformó un equipo fiscal para identificar al autor moral del homicidio de Marcelo Pecci, el cual poco a poco fue desmembrándose sin tener avances. A esto se sumaron las excusas dadas, incluyendo que Colombia no daba respuesta sobre la conformación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) y que por ello no se podía avanzar en el caso.
Finalmente, el 24 de octubre de 2024 se logró la conformación del ECI. En enero de este año, la Comisión Permanente del Congreso Nacional convocó a Rolón para conocer los avances en el caso Pecci, pero solo tuvieron excusas como respuestas. Además, el fiscal general nuevamente deslindó responsabilidades al indicar que el crimen ocurrió en Colombia.
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Distinción para el acceso a causas
Por otra parte, Rolón negó acceso a los familiares de Pecci sobre la causa abierta en Paraguay relacionada al crimen del fiscal. La familia también cuestionó los privilegios de la familia del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien murió el 19 de agosto de 2024 durante un allanamiento a su casa, y sobre eso el fiscal general dijo que era un tema “remanido”.
En ese contexto, Rolón manifestó que la situación particular del diputado genera otro tipo de consecuencias. “Los derechos del diputado en garantías procesales son distintos y tienen acceso porque uno de los hijos está detenido y también imputado. Hay informaciones a las que sí pueden acceder porque tienen esa dualidad”, alegó.
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Chats de Lalo Gomes
El 3 de febrero el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal denunció ante la Fiscalía la existencia de indicios sobre la posible comisión de hechos punibles en chats de WhatsApp, extraídos en diciembre de 2024 bajo autorización judicial, de uno de los celulares del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La diligencia fue realizada por la Policía de Crimen Organizado, como anticipo jurisdiccional de pruebas, en el marco del caso “Pavo Real Py II”, a cargo de los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elba Cáceres.
En esas conversaciones, que formaron parte de la denuncia, eran nombrados el ahora exdiputado colorado y exvicepresidente del Jurado de Enjuiciamietno de Magistrados, Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, así como la exjueza de Pedro Juan Caballero Sady López. Estas comunicaciones y otras más fueron publicadas por nuestro diario y replicadas en otros medios de comunicación.
Si bien Emiliano Rolón asignó a los fiscales de Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Néstor Coronel, este último fue reemplazado por el fiscal de la misma unidad Luis Piñánez, tras las duras críticas dirigidas al fiscal general por incluir en el equipo a un agente de cuestionable labor para intervenir en una causa considerada sensible.
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Rolón, más preocupado por filtración que por lo denunciado
A medida que iban saliendo las conversaciones de Lalo Gomes, el fiscal general, Emiliano Rolón, comenzó a mostrarse más preocupado y hasta molesto con esa situación, emitiendo críticas y acusaciones.
Uno de los apuntados por Rolón fue el juez Osmar Legal a quien acusó de inmiscuirse, en forma irregular, en la investigación fiscal. El fiscal general había expresado en una radio local que Legal ordenó el anticipo jurisdiccional de pruebas cuando recurrir a esa vía era tarea de la Fiscalía. A eso añadió que el Ministerio Público perdió la cadena de custodia de esa evidencia cuando la entregó al Poder Judicial.
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La tensión en torno al caso de los chats de Lalo Gomes quedó más expuesta, cuando la propia fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Matilde Moreno, recriminó duramente al fiscal Osmar Segovia, por el hecho de la Policía de Crimen Organizado realizó la extracción y no sel laboratorio forense de la fiscalía , que para ese entonces ni siquiera contaba con la herramienta informática para esa diligencia, según lo había expuesto el propio titular del Ministerio Público en febrero de este año.
Esa recriminación solo dejó expuesta la desesperada preocupación de Rolón y Moreno por saber quién fue el responsable de que se filtraran las conversaciones de Lalo Gomes, y no por los hechos denunciados ante la Fiscalía. Finalmente, la molestia de Rolón y Moreno por la filtración de los chats tuvo como consecuencia el traslado del fiscal Osmar Segovia a una Fiscalía de Paraguarí.
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Posteriormente, Rolón dispuso que el equipo encargado de investigar los hechos punibles denunciados por el juez Osmar Legal también investigue al magistrado denunciante, como derivación de la denuncia hecha por el exlegislador Orlando Arévalo, a través de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos. Es preciso mencionar que Arévalo es uno de los investigados también como derivación del escrito de Legal.
Llamativa renuncia de fiscal a horas de cerrar causa
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios Carlos Arregui, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda, Arnaldo Giuzzio, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola fueron imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, por delitos de revelación de secretos en servicio público, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, simulación de un hecho punible, inducción a un subordinado a un hecho punible, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y asociación criminal.
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Sin embargo, tras el escándalo de los chats filtrados entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar, vinculado a Horacio Cartes, Emiliano Rolón reasignó la causa al equipo conformado por los fiscales Fabiola Molas, Guillermo Sanabria y Osmar Segovia. La primera ascendió a fiscala adjunta, en tanto que Sanabria llamativamente presentó su renuncia a la Fiscalía este lunes, y Segovia fue trasladado a Paraguarí tras la filtración de los chats de Lalo Gomes, pero sin ser desafectado de la causa contra Abdo Benítez.
La renuncia de Guillermo Sanabria resulta bastante llamativa, pues se da a solo 24 horas del vencimiento del plazo para la presentación del requerimiento conclusivo en esta causa. Sin embargo, esta debe ser aceptada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sesiona el miércoles próximo, es decir, un día después del cierre de la investigación conocida como filtraciones de datos de Seprelad.
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En vista de que solo quedaba el fiscal Segovia en el equipo, el fiscal Emiliano Rolón asignó a los fiscales César Alberto Sosa Ayala y Elba Cáceres, para formar parte del equipo de cara a la presentación del cierre de la causa. Sosa asumió el 25 de febrero como titular de la unidad que era de Fabiola Molas, en tanto que la Cáceres interinó hasta esa misma fecha dicha unidad.
