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El abogado Manuel Riera explicó los posibles escenarios tras la recusación presentada por la defensa del expresidente Mario Abdo Benítez contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en la investigación sobre la filtración de informes de la Seprelad.
La recusación, impulsada por el abogado Enrique Kronawetter, se basa en la supuesta falta de objetividad en la actuación del Ministerio Público. Según Riera, este pedido plantea un dilema jurídico inusual, ya que el Código Procesal Penal no establece qué ocurre si se aparta al fiscal general del Estado de una causa.
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El rol de la Corte Suprema en el caso
Riera explicó que la recusación de fiscales sigue los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, pero que la situación se complica al involucrar al fiscal general del Estado, quien tiene la facultad de asignar y coordinar los casos dentro del Ministerio Público.
“Sería curioso que la Corte haga lugar a la recusación de Rolón, porque esto generaría un vacío jurídico. No existe un procedimiento claro en el Código Procesal Penal que indique qué sucede si el fiscal general es apartado”, señaló el abogado.
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Ante este escenario, mencionó que una posible solución sería recurrir al Código de Organización Judicial, que regula la sustitución de operadores de justicia mediante un sorteo entre fiscales. Sin embargo, esto representaría un nuevo precedente en la estructura del Ministerio Público.
Existe una estrategia detrás de la recusación
Para Riera, la recusación presentada por la defensa de Abdo no solo responde a una estrategia legal, sino también a una maniobra procesal.
“La designación de futuros fiscales depende de su superior jerárquico, pero si el superior también está recusado, se genera un problema de autoridad dentro del Ministerio Público”, explicó.
Además, señaló que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de resolver la cuestión, y que el fallo de esta instancia será determinante para el curso del proceso.
El peso de la decisión en el sistema judicial
Uno de los ministros que integran la Sala Penal es la doctora Carolina Llanes, quien tiene formación en derecho penal y antecedentes en fallos relacionados con recusaciones dentro del Ministerio Público.
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Según Riera, Llanes expresó en el pasado su preocupación sobre el uso del sistema judicial para la eliminación de adversarios políticos, lo que podría influir en su posición ante este caso.
Finalmente, Riera indicó que, si la Corte Suprema no resuelve con celeridad, el proceso podría prolongarse indefinidamente, ya que no habría una autoridad designada para custodiar el expediente. “Si la Corte no se aboca a tratar el tema, el caso puede tardar lo que quieran, porque no habrá quien supervise”, concluyó.
