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La suspensión del juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez y de la jueza de paz de La Catedral, segundo turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino fue dispuesta hoy por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que los enjuició por el caso de la “Mafia de los pagarés”.
Igualmente a pedido del JEM, la máxima instancia judicial dispuso también la suspensión de la jueza penal de garantías de Caacupé Cynthia Páez Mancuello, enjuiciada por medidas otorgadas a procesados por narcotráfico.
Por mayoría, en los tres casos la suspensión es sin goce de sueldo, tal como solicitó el mismo Jurado, actualmente presidido por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, en la sesión extraodinaria de ayer.
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Auditoría de la CSJ detectó irregularidades en más de 8 mil expedientes
En la ocasión, el presidente del JEM recordó que la actuación de Víctor Rodríguez quedó en la mira del Jurado tras conocerse que la empresa de créditos Compañía Administradora de Riesgos S.A. (Carsa) procedió a la devolución de 10 mil expedientes.
Garay explicó que además de las publicaciones periodísticas sobre el tema, el JEM también cuenta con la conclusión del trabajo realizado por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la CSJ, que detectó una serie de irregularidades en los expedientes mencionados. Precisamente por esta razón, la máxima instancia judicial resolvió remitir los antecedentes del caso al Jurado.
Una de las anomalías detectadas es la existencia de resoluciones sin fecha, con firma del juez y funcionarios, observada en 434 expedientes. Otra irregularidad consistió en haber dictado providencias que autorizan el retiro de expedientes, pero sin fijar plazo para devolución como establece la legislación vigente, lo cual se detectó en 7.927 causas.
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Resoluciones sin fecha en casos de supuesta “Mafia de pagarés”
Con relación a la jueza Nathalia Garcete, la auditoría de gestión detectó su vez que en 65 expedientes tenían resoluciones firmadas por la magistrada y sus funcionarios sin fecha.
“El hecho sindicado reviste gravedad en razón a que porque podría constituir irregularidades y/o posibles faltas a las formalidades exigidas por el código de forma en la tramitación de sendas causas judiciales. Repito 65 expedientes, los cuales habrían perjudicado a varias personas, desembocando así en un supuesto esquema de operaciones denominado “Mafia de los pagarés””, expresó Pucheta.
Ambos jueces también están enjuiciados por haber permitido a los funcionarios de sus juzgados no observen disposiciones legales.
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Por su parte, la magistrada Páez Mancuello está, enjuiciada por supuesto mal desempeño de sus funciones presuntamente cometido al otorgar un habeas corpus a Domingo Vera Vera y ordenar la internación de Francisco de los Santos Ayala, ambos procesados por supuesto narcotráfico, al parecer sin la debida justificación.
