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La senadora Norma Aquino “Yamy Nal” fue denunciada por supuestos hechos de tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Los abogados patrocinadores exigen al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que designe un fiscal para que investigue el caso.
La abogada Teresa Flecha señala que el martes verificó el estado de la causa para conocer si ya había sido asignado a un agente fiscal y fue informada que la denuncia se estaría remitiendo a la fiscalía zonal de Fernando de la Mora porque “no reúne los requisitos para ser enviada a la UDEA“.
“Ante esta información, no puedo sino señalar la ligereza e irresponsabilidad con que se están manejando las cosas en la Fiscalía General del Estado, ante los escandalosos hechos que con la sola información difundida por los medios de prensa, toda la ciudadanía pudo verificar una vez más la corrupción pública imperante en el Estado paraguayo y que en esta ocasión se denunciara por mi parte”, expresó.
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El opareí
El destino de la causa podría ser el famoso opareí en una unidad ordinaria del interior, lamenta la denunciante.
Asegura que se trata de un hecho gravísimo de corrupción pública que involucra a una senadora de la nación y a otro alto funcionario del Estado.
Por su parte, el abogado Rubén Paredes manifiesta que ya nada le sorprende, dado que “últimamente en la Fiscalía General del Estado son poco afectos al trabajo, a investigar los hechos conocidos por cualquier notitia criminis, habiendo incluso señalado el propio titular en un caso que ni Mandrake podría resolverlo”.
Solicitan al fiscal general que intervenga personalmente para reencauzar y de inmediato dicte resolución asignando la causa a un agente fiscal o a un equipo de fiscales de la UDEA, a efectos de que inicien la investigación de corrupción pública presentada.
Finalmente, pide que Rolón “deponga actitudes genuflexas, serviles y funcionales a hacia cierto sector y se ponga de una vez por todas la casaca de la ciudadanía y la represente como corresponde, reencauzando éste y todos los procesos en el Ministerio Público, a fin de recuperar credibilidad de la opinión pública, para lo cual debe esforzarse en hacer cumplir a sus agentes fiscales la Constitución Nacional, las leyes nacionales y en especial su ley orgánica. Puede empezar por acá, enviando la causa sin más trámite a la UDEA, para que ella se encargue de deslindar responsabilidades”.
