Habilitación vehicular: diputado admite error en entrada en vigencia de la ley

El diputado Édgar Olmedo reconoció que la ley que unificó el costo de las patentes vehiculares fue aprobada sin criterios técnicos ni fundamentos legales sólidos, lo que generó inequidad en el cobro del impuesto. Ante las críticas y los cuestionamientos de varios municipios, se analiza su derogación o modificación para establecer un cálculo más equitativo basado en el valor aforo de los vehículos.

El diputado colorado Édgar Olmedo explicó que existe la intención de derogar la actual ley que unifica el costo de las patentes vehiculares y, en caso de no lograrlo, se impulsará un proyecto de modificación. Según explicó, la propuesta busca establecer mayor equidad en el cálculo del impuesto, tomando como referencia el valor aforo determinado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para cada vehículo que ingresa al país.

De acuerdo con la propuesta de modificación, los municipios deberán aplicar una tasa del 0,3% sobre el valor del vehículo como pago base de la patente, con una depreciación anual del 5% que se descontará del costo final del impuesto.

La ley vigente fue concebida supuestamente para evitar la competencia desleal en la elección del lugar de pago de las habilitaciones, considerando que los municipios de primera categoría establecen montos impositivos más elevados en comparación con los municipios de segunda y tercera categoría. Sin embargo, su aplicación generó más dudas, por lo cual varios municipios la atacaron como inconstitucional y solicitaron a los parlamentarios su derogación.

Olmedo admite error

Olmedo sostuvo que la normativa actual genera una “diferencia abismal” entre propietarios de vehículos de alta gama y aquellos con rodados de menor valor, lo que considera una inequidad.

Hay que reconocer que hubo un error cuando legislamos y pusimos en vigencia esta ley, porque los criterios no fueron técnicos ni amparados en preceptos legales”, afirmó el legislador.

El diputado enfatizó que la modificación busca establecer un parámetro de referencia más justo para los municipios, permitiendo aplicar valores reales en el cobro de las patentes vehiculares.

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