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La fiscala Belinda Bobadilla, quien lleva adelante el caso relacionado con la mafia de los pagarés, explicó con detalles desde cuándo comenzó la investigación, los pasos que fue siguiendo hasta hoy y, especialmente, relató cómo funcionaba esta organización que se aprovechaba de las personas de menores recursos.
“Si bien el trabajo se inició a finales de diciembre en una fiscalía barrial y continuó en el mes de enero, el 10 de febrero se llevaron a cabo cinco allanamientos en distintos juzgados de Paz de la capital y cada uno estuvo encabezado por una agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción”, comenzó indicando la agente fiscal.
“En esa ocasión fueron incautados un total de 2.700 expedientes, cuadernos de registros de entrada y retiro de expedientes. A partir de esa fecha comenzó el análisis de esos expedientes civiles”, añadió.
Luego manifestó: “El día viernes (21 de marzo) se presentó acta de imputación contra tres jueces de Paz, una exjueza, actuarios judiciales, ujieres, oficiales de justicia y así también contra algunos abogados que litigaban en estos juzgados de Paz. En total son 60 los imputados”.
“El trabajo continúa, pero el trabajo de procesamiento de datos ya fue realizado”, aclaró.
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El sistema utilizado
“La sospecha preliminar que el Ministerio Público tiene es que había una suerte de acuerdo entre los diferentes jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y los abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas, según el cual estos tenían vía libre en estos procesos de preparación de acción ejecutiva. En este sentido, para llevar adelante estos juicios y lo que se presume es que justamente llegará el momento de los descuentos compulsivos de salarios a través de los embargos”, explicó la fiscala Belinda Bobadilla.
Luego continuó: “La supuesta utilización de informes de notificación practicados por ujieres, que en la realidad se consignaban como efectuados. De este modo, los diferentes deudores y demandados no tenían conocimiento de que habían sido citados a reconocer firmas, por ende, no podían desconocer o alegar algo. Tampoco tenían conocimiento del momento en el que se les citaba o poner excepciones, no teniendo una intimación de pago y tomaban conocimiento ya a través del descuento de salario”.
“Lo grave que nos pareció en toda esta situación es que estamos hablando de un sector socioeconómico bajo. Inclusive, hay personas que están en el Alto Chaco que estaban teniendo descuento y asumían que era por otras deudas, pero como se alargaba mucho comenzaron a preocuparse. Cuando se presentaban en los distintos juzgados para buscar alguna solución o sus abogados iban para acceder a los expedientes, se les informaba que los expedientes no se encontraban en los juzgados”, remarcó.
Cantidad de víctimas
Cuando fue consultada por la cantidad de víctimas señaló que serían directamente relacionadas con la cantidad de resoluciones que presuntamente fueron dictadas por fuera o violando la ley.
“Hay más de 270, pero los que se presentaron en la fiscalía no necesariamente tienen una relación directa con las referidas en el acta de imputación. Para formular imputación, nosotros como investigadores, y preservando el principio de objetividad, teníamos que tener algún tipo de elemento que indique que esas notificaciones no pudieron haber sido realizadas”, explicó la fiscala.
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“Se tomaban en cuenta las notificaciones practicadas en un mismo horario, pero en diferentes lugares. O en horarios muy cercanos, pero la distancia era muy lejana para hacerla. Otra situación era la realizada en días inhábiles, domingo o ferias y otra sería cuando el recorrido el ujier resultaba totalmente ilógico. Tenemos testigos que refieren no haber recibido las notificaciones”, sostuvo.
Con respecto a los hechos punibles identificados en este caso, la agente fiscal remarcó el prevaricato, la producción inmediata de contenido público de contenido falso, el uso de documentos de contenido falso y el hecho punible de hurto.
