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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce puntualizan en las cuatro imputaciones que presentaron en contra de 63 personas que estarían ligadas a la “mafia de los pagarés”, que los jueces de Paz habrían dictado resoluciones a favor de las partes demandantes, “torciendo el derecho”, dado que falsearon los hechos en lo que respecta a que las notificaciones habrían sido realizadas correctamente y que los demandados no han comparecido a reconocer sus firmas en los pagarés.
Con este procedimiento los jueces de Paz declaraban que dichas firmas quedaban reconocidas, y ordenaban continuar con los trámites legales, según resaltan en las cuatro imputaciones.
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Específicamente, resaltan que fueron los jueces de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro; y de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta; y la exjueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot; quienes procedieron contra la ley.
En cuanto a la jueza de Paz de La Catedral Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, el Ministerio Público señala que a sabiendas de que las notificaciones no fueron practicadas, ya que habría tenido a la vista unos 32 expedientes con los informes de notificaciones; dictó 32 resoluciones judiciales, con números relativamente consecutivos de autos interlocutorios, entre junio y julio del año 2023, resolviendo hacer efectivo los apercibimientos y tener por iniciado los juicios ejecutivos.
Modus operandi de ujieres
La fiscalía resalta que en los expedientes tramitados ante los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, San Roque y 2° Turno de La Catedral, se observa que los informes de ujieres notificadores, en las cédulas de citación a los demandados a reconocer firmas o notificaciones de demandas ordinarias (así como declaración de puro derecho y llamado de autos para sentencia), se habrían consignado que las diligencias fueron efectivamente practicadas.
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Sin embargo, existen serios indicios de que dichas notificaciones no habrían sido practicadas por los ujieres notificadores antes mencionados, con lo cual las mismas contendrían hechos que no se habrían dado en la realidad, según la fiscalía.
Las imputaciones agregan que estas notificaciones con informes falsos sobre su contenido realizados por ujieres, habrían sido utilizadas por los abogados demandantes, en representación de “Plan Urbano SA”, “Gestiones y Cobranzas SA”, “CARSA”, “LAB SA”, “Nexo SA”, “Mi Paraguay SA”, “Chacomer SAE”, “San Cristóbal Ldta.” y “Serfin SA”, a sabiendas de la no realización efectiva de las notificaciones, con el fin de hacer avanzar los procesos civiles.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, misma situación se dio con los abogados demandantes en representación de las empresas “Cobranzas Eficientes y Oportunas SA”, “SATEC”, “Credifiel SA”, “Sistema de Cobranza SA”, “Bristol SA”, “Credi Clave” y “Cumplo SA”.
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Minucioso trabajo fiscal confirma esquema
Las 4 actas de imputación presentadas por el equipo fiscal integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, recayeron en los juzgados de Garantías Especializados en Delitos a cargo a los jueces Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia quienes tendrán a cargo dos procesos cada uno. Ambos magistrados resolverían este lunes si admiten las imputaciones y las fecha para las audiencias de imposición de medidas a los imputados.
Los escritos contienen un pormenorizado relato del procedimiento instalado en los juzgados de Paz para el prevaricato, la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de estos documentos; que salpica a jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores y abogados particulares.
Los agentes del Ministerio Público analizaron más de 2.500 expedientes que en el mes de febrero incautaron de cinco juzgados de Paz, en los que detectaron notificaciones realizadas en el marco de expedientes de preparación de acción ejecutiva así como de juicios ejecutivos, que se llevaron a cabo en forma simultánea, en el mismo día y hora o horas cercanas, y en puntos muy distantes.
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En otros casos la fiscalía descubrió que dieron trámite a acciones preparatorias de juicios ejecutivos sin que esté agregado al expediente el pagaré correspondiente.
Denuncia de abogado
La presente investigación inició con las irregularidades denunciadas por el abogado Jorge Rolón Luna, primero en las redes sociales y luego ante el Ministerio Público, quien denominó al esquema como la “mafia de los pagarés” en juzgados de Paz.
