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El viernes último los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla y Jorge Arce, junto con el fiscal de Sede 1 Leonardi Guerrero, imputaron a un total de 63 personas, entre ellas jueces de paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados, en el marco de la causa denominada “mafia de los pagarés”.
Los Juzgados de Paz afectados por esta investigación son los de “La Recoleta” a cargo del juez Víctor Nilo Rodríguez (suspendido por la Corte sin goce de salario), “La Catedral” del 2° Turno a cargo de la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino (suspendida por la Corte sin goce de salario), “La Encarnación” a cargo de la hoy ex jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, y del distrito de “San Roque” cuya titular era la hoy ex jueza Liliana Mabel González de Bristot, así como sus funcionarios.
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Los hechos investigados en la presente causa son los de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quedó a cargo de las causas contra la exjueza Lilian González de Bristot, la jueza suspendida Nathalia Garcete; mientras que su colega del mismo fuero, Rodrigo Estigarribia, es el encargado de los casos relacionadas a los jueces Víctor Rodríguez, suspendido, y Analía Cibils, quien renunció al cargo. Aún no se fijaron fechas para las audiencias de imposición de medidas.
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Allegado a asesor jurídico de Presidencia y a miembros de la Corte
En este contexto, uno de los imputados es el abogado José Ignacio Olmedo Lansac, quien impulsó varias demandas ante el Juzgado de Paz de La Recoleta. El mismo es cuñado del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, quien está casado con la hermana del encausado Alejandra Olmedo Lansac, y también, forma parte del bufete de abogados del estudio jurídico Olmedo y Asociados, según fuentes a las que accedió nuestro diario.
De acuerdo con la imputación José Olmedo, llevó a cabo las actuaciones judiciales en representación de la Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), cuyo accionista mayoritario es Óscar Diesel, hermano del actual presidente de la Corte César Diesel, y firma también ligada al clan Fretes, cuyo principal referente es el expresidente de la Corte, Antonio Fretes.
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Los datos expuestos en la imputación fiscal refieren que en 18 expedientes detectados por auditoría, Olmedo Lansac actuó en representación de la firma CARSA. En estos exedientes , la ujier notificadora Miriam Ortiz Aquino informó que diligenció las cédulas de notificación a fin de que los deudores comparezcan para reconocimiento de firma.
En vista a que los demandados no comparecieron, Olmedo Lansac solicitó hacer efectivo el apercibimiento y que se tuviera por reconocidas las rúbricas. Según fiscalía estas cédulas de notificaciones no habrían sidodiligenciadas Así también la jueza Nathalia Garcete dictó 18 sentencias definitivas, con números relativamente consecutivos, el 11 de noviembre del 2024.
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Ujier imputado es director de Anticorrupción
El otro caso está relacionado al ujier notificador del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo René Benítez Cabrera, quien de acuerdo con el portal de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública figura como funcionario de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y presidente de la Seccional Colorada N° 44, por el movimiento Honor Colorado (HC).
Benítez Cabrera ocupa el cargo de director de Anticorrupción y Transparencia de la Dinacopa, cuya directora general es actualmente Nidia Rosa López, quien a su vez,está procesada en el caso conocido como “detergentes de oro” como supuesta compradora. En esta causa también es imputado el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
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Los datos de la imputación fiscal indican que, específicamente en 18 expedientes, tras la presentación de los pedidos de preparación de acción ejecutiva por parte del abogado Roger Alejandro Medina Quintana, el ujier Alfredo Benítez, informó falsamente sobre el diligenciamiento de las cédulas de notificaciones para la comparecencia de 18 deudores a reconocer firmas.
Así también, de los 52 expedientes de la firma Sistemas de Cobranzas SA, el abogado Roger Medina, en 18 expedientes, se valió supuestamente de la falsedad de los informes de los ujieres Alfredo Rene Benitez Cabrera y Arturo Javier Ayala Franco, para instar a que se dicten resoluciones judiciales de manera a hacer efectivo el apercibimiento y otras acciones dentro del proceso ejecutivo.
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Ujier también sería operador de Jorge Bogarín
En cuanto al caso del ujier notificador del Juzgado de Paz de La Encarnación, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, fuentes univeristarias señalaron que hasta el 2024 fungió como representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante el Consejo Superior Universitario. Además, también sería un operador de Jorge Bogarín Alfonso, exmiembro del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En relación a Nicolás Antúnez, la Fiscalía cuenta con datos que refieren que habría consignado falsamente que diligenció 5 cédulas de notificación el 11 de marzo de 2024, a las 15:00, en Asunción, Ñemby, Villa Hayes, Lambaré y Guarambaré; otras 5 cédulas de notificación el 1 de agosto entre las 14:00 y 17:00 en Villa Hayes, Pedro Juan Caballero, San Estanislao, Ñemby y Concepción.
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Igualmente se verificó que constaban en los expedientes, que Antúnez también diligenció el mismo 12 de marzo entre las 12:00 y las 15:30, 4 cédulas de notificación, en San Lorenzo y Asunción, también, en Choré y Ciudad del Este; el 2 de mayo entre las 12:30 y las 13:30, 2 cédulas de notificación en Caazapá y Minga Guazú; “no siendo ello posible por las distancias entre localidades”, dice la imputación.
En por lo menos 258 expedientes tramitados ante el juzgado de La Encarnación , se observa que los ujieres diligenciaron cédulas de notificación para reconocimientos de firma, pero no fueron notificadas según la Fiscalía.
Imputado por Fiscalía renunció a cargo en el MSP
Por otra parte, este fin de semana se conoció que el abogado Luis Carlos Benítez Torres presentó renuncia al cargo de Director de Gabinete del Ministerio de Salud Pública, que venía ocupando. Esta decisión la tomó luego de que el Ministerio Público lo haya imputado en la causa “mafia de los pagarés”.
En relación al abogado Benítez Torres, el Ministerio Público señaló que junto con la abogada Patricia Adriana Parod en representación de la Cooperativa San Cristobal Ltda. habrían presentado un grupo de expedientes, con números consecutivos o con numeración muy cercana unos de otros, para preparar el juicio ejecutiva.
Entre los 28 expedientes en los que habrían tenido participacón, el 10 de enero del 2023, Parodi y Benítez instaron al juzgado a los fines de hiciera efectivo el apercibimiento, presentando las notificaciones que, en la práctica no se hicieron efectivas a los demandados. En consecuencia, el juez de La Recoleta Víctor Rodríguez dictó 26 resoluciones judiciales el 17 y el 20 de enero del 2023, teniendo por reconocidas las firmas e iniciando el juicio ejecutivo.
