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El caso “Mafia de los pagarés” tomó estado público con una denuncia hecha por el abogado Jorge Rolón Luna, quien reveló que varios funcionarios del Poder Judicial, específicamente ujieres, fraguaron notificaciones de demandas por el cobro de pagarés, dando vía libre a procesos que llegaban hasta el embargo del salario de las víctimas, sin que las mismas supieran del proceso y pudieran defenderse.
Esta mañana, los abogados Jorge Rolón Luna y Kattya González, con el acompañamiento de legisladores integrantes de la bancada democrática, realizaron una presentación al Defensor del Pueblo, en la que exigieron desbaratar la mafia de los pagarés y que se ordene la inmediata suspensión de los descuentos de salarios de las víctimas.
“Ese es el motivo por el cual el doctor Jorge Rolón Luna inicia ya a finales del 2024 esta denuncia que finalmente está tomando cuerpo y que revela un esquema criminal, que opera como agresor u ofensor principal el propio poder judicial, en convivencia con abogados particulares, con empresas de gestiones de cobranzas y realmente el daño es monumental”, explicó la exsenadora Kattya González.
Seguido manifestó: “Tenemos ciento de miles de víctimas que, a pesar de la contundencia de la documentación, hoy continúan ellos recibiendo estos descuentos salariales. Ese es el motivo por el cual venimos al único que dentro de nuestro esquema constitucional tiene legitimación activa para activar un mecanismo de demanda colectiva, que es el defensor del Pueblo”.
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“Una institución degradada, sometida al poder político, que ha hecho muy poco en favor de la ciudadanía en estos años. Por eso venimos a exigir al defensor del pueblo a que inicie acciones de amparo colectivo de manera tal a lograr que esta pobre gente que fue víctima de este esquema de estafas se dejen de descontar sus salarios”, sentenció.
Cuestión de derechos humanos
Por su parte, Jorge Rolón Luna apuntó: “El derecho penal no resuelve el problema de fondo. Si es por mí, yo no quiero que nadie vaya preso. Yo quisiera que se desbarate esta mafia y se le devuelva su dinero y su vida, destrozada en muchos casos, a estos cientos de miles de víctimas”.
Luego señaló: “Entendemos que esto es la punta del iceberg, que hay muchas más personas involucradas aquí, pero hay que encaminar soluciones en otros ámbitos y no solamente en la justicia penal. La propia Corte de Justicia puede tomar medidas para suspender los embargos y suspender los plazos procesales. El mismo Defensor del Pueblo debe tomar medidas”.
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“Al involucrar a agentes públicos, este esquema se convierte en una cuestión de derechos humanos. Acá hay violaciones masivas a los derechos humanos y esto puede llegar, eventualmente, a instancias internacionales”, finalizó.
