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La denuncia presentada por el funcionario judicial Ronald Navarro contra la fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) es por los supuestos delitos de persecución de inocentes, prevaricato, revelación de secretos de servicio y alteración del orden constitucional y que según el denunciante, se dieron en el marco de la investigación sobre la mafia de los pagarés, específicamente en la causa N° 2624/2025.
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La presentación de Navarro, radicada con patrocinio del abogado Isidro Dávalos, afirma que la agente fiscal incurrió en los delitos mencionados al informar sobre las actuaciones realizadas y facilitar la imputación presentada a la prensa y resalta como evidencia de esta situación, la publicación de la imputación una hora después de su presentación.
Navarro -oficial de justicia asignado al juzgado de Paz de la La Catedral, primer turno, actualmente se encuentra suspendido en sus funciones- asegura que Bobadilla, al brindar declaraciones en los medios de prensa sobre el caso, “ha emitido juicio de valor en relación a la causa investigada en detrimento de mi persona, y otros 60 hoy imputados, sumado a los que pretende imputar, violando de esta manera normas de orden público y derechos de orden constitucional previstos en los artículos 16, 17 inc. 1,3, 7 de la C.N., conculcando el principio de inocencia”.
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Funcionario judicial cuestiona declaraciones tras allanamientos del caso Mafia de los pagarés
El funcionario agrega que la fiscala se apartó de la objetividad que debe tener, “ya que no ha velado en consecuencia a fin de una correcta aplicación de la ley, formándose un criterio personal y exponiéndome a mi y otras personas a la denigración ante la sociedad, afectando mi honor, afectando al derecho a la defensa, a la representación, y a la asistencia, como así también en mis funciones laborales, ya que actualmente me encuentro suspendido puesto existe una suerte de prejuzgamiento social, por culpa de las filtraciones de la Agente Fiscal denunciada (...)”.
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El denunciante cuestiona además que la fiscala haya solicitado informes sobre su celular y lo haya nombrado en declaraciones a la prensa, al término de los allanamientos realizados el 10 de febrero pasado. En la fecha indicada, varios fiscales allanaron en forma simultánea los juzgados de Paz de la capital La Encarnación, San Roque, Catedral (primer y segundo turno) y Recoleta.
En los dias posteriores, los procedimientos continuaron con allanamientos a estudios jurídicos y casas particulares, el juzgado de Paz de Villa Hayes y a la oficina de Estadística de la misma circunscripción judicial.
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El viernes último se presentaron cuatro imputaciones contra 63 personas -entre los cuales se encuentran magistrados. funcionarios judiciales y abogados- por una serie de irregularidades detectadas en las causas investigadas.
Imputaciones relatan un sinnmúmero de irregularidades en expedientes tramitados en juzgados de Paz
Las 4 actas de imputación presentadas por el equipo fiscal integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, recayeron en los juzgados de Garantías Especializados en Delitos a cargo a los jueces Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia quienes tendrán a cargo dos procesos cada uno. Ambos magistrados resolverían si admiten las imputaciones y las fecha para las audiencias de imposición de medidas a los imputados. Navarro no está entre los procesados.
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Los escritos contienen un pormenorizado relato del procedimiento instalado en los juzgados de Paz para el prevaricato, la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de estos documentos; que salpica a jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores y abogados particulares.
