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El juicio oral y público al cantante José Luis Gómez Amarilla, conocido como Og Selu, por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual se realizará los días 8, 9. 10.11 y 12 de setiembre, ante el Tribunal de Sentencia presidido por José Alberto Dávalos Bogarín e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto.
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Gómez Amarilla fue detenido el 25 de abril de 2023 en la Operación Asunción y en la misma fecha, en el el Ferrol, España, fue detenida su madre, Victoria Amarilla, quien explotaba sexualmente a las mujeres.
Las detenciones del cantante y su madre se dieron en prosecución de la investigación abierta a partir de la Operación Guaraní, realizado el 18 de abril de 2023 y que fue encabezado por la fiscala Claudia Aguilera y la fiscala adjunta Matilde Moreno, junto con policías de Interpol-Py, dirigidos por las fiscalas Carina Sánchez y Claudia Morys, y la policía española.
En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora y Lambaré, dando como resultado la detención de una mujer identificada como “Ña Nena” (Presentación Rivas Ávalos), una de las supuestas encargadas de captar mujeres para enviarlas a España bajo engaño de un trabajo asegurado. Al día siguiente, cayó otra mujer identificada como Rosieni, en Concepción.
En tanto que en la ciudad de Córdoba, en España, fueron detenidas cuatro personas, incautándose incluso varios elementos documentales relacionados al caso.
El Tribunal de Sentencia dispuso que el acusado, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, participará del juicio a través de medios telemáticos. Los policías españoles Inspectora Raquel Núñez López, de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos (UCRIF) y el Sub inspector Javier Sánchez García también darán sus respectivos testimonios de la misma manera.
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Medidas especiales para declaración de testigos protegidas
Idéntica medida dispuso el colegiado con relación a las ocho testigos protegidas que residen actualmente en España, que para evitar su exposición son identficadas apenas por números. Al respecto, el colegiado destaca las disposiciones establecidas en la Ley Nº 4.788/12 Integral contra la Trata de Personas, específicamente en el artículo 39.
El artículo mencionado, referente al acceso a la justicia de víctimas de la trata de personas, prevé en su inciso 1º que el juez puede disponer, previa petición, o cuando determine que es necesaria para la actuación de la justicia y sin perjuicio de los derechos del imputado, que:
- las actuaciones judiciales se realicen en privado, sin público ni medios de información;
- las transcripciones de las actuaciones se archiven selladas, y puedan accederse solo por orden judicial, a excepción del imputado o su Abogado defensor;
- el testimonio de una víctima o un testigo se preste mediante un enlace de vídeo o el uso de cualquier otra tecnología de las comunicaciones, detrás de una pantalla opaca u otros medios que impidan el contacto visual con el imputado, no así del Abogado defensor;
- la víctima o el testigo utilicen seudónimo; y
- la declaración de la víctima o testigo pueda ser realizada por la vía del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal.
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2° En estos procesos, no serán admisibles las pruebas para demostrar que la supuesta víctima participaba en otras actividades sexuales o la supuesta predisposición sexual de la víctima de trata de personas.
3º La víctima tendrá la oportunidad de presentar sus opiniones, necesidades, intereses y preocupaciones para que se las tengan en cuenta en cualquier etapa de los procedimientos judiciales o administrativos relacionados con la trata de personas, ya sea en forma directa o a través de su representante, sin perjuicio de los derechos de defensa.
4º Al procesamiento, registro y utilización de los datos personales relativos a las víctimas de la trata de personas, se aplicarán las normas que protegen los datos personales y de conformidad con las mismas, se establecerá un protocolo para el intercambio de información entre órganos competentes para la identificación y atención a las víctimas de trata de personas, así como para la investigación de los delitos de trata. Todo esto respetando la necesidad de proteger la intimidad y seguridad de las víctimas. No se divulgará públicamente ni se publicará el nombre, la dirección y otros datos de las víctimas de trata de personas.
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Acusación contra OG Selu por supuesta trata de personas
La fiscala Carina Sánchez había manifestado a Abc que los grupos desmantelados en los operativos Guaraní y Asunción operaban con una forma en común, es decir, ofrecían trabajo fijo en España y con buena ganancia, para obtener la confianza de las víctimas. Sin embargo, una vez allá se les indicaba la realidad de que debían prostituirse para cubrir la deuda por su traslado hasta allá.
Sánchez señaló, además, que muchas de las mujeres entregaban sus documentos, bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudieran escapar del lugar o pedir ayuda.
Las víctimas de explotación sexual, según refirió la agente del Ministerio Público, eran mantenidas encerradas en los departamentos donde eran obligadas a prostituirse. En estos casos, los victimarios “les trabajan más psicológicamente a sus víctimas”, expuso la fiscala Sánchez.
En la Operación Guaraní fueron realizados en total cinco allanamientos en ambos países, durante los cuales fueron detenidas seis personas y fueron incautados dinero en efectivo, vehículos, cheques, pagarés y otros documentos.
En la Operación Asunción fueron realizados en total tres allanamientos y ocho detenciones en ambos países y también fueron incautados dinero en efectivo, vehículos y documentos.
