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En el marco del caso conocido como “la Mafia de los pagarés”, el juez penal de Garantía Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú quedó a cargo de las causas que afectan a la jueza de Paz de La Catedral del 2º Turno Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y la exjueza de Paz de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot, así como funcionarios a su cargo.
Otazú admitió la imputación a los actuarios del Juzgado de Paz de La Catedral: Olivia Asunción Mosqueda Núñez (44), Pablo Matías Cabrera Irigoitia (29); contra los ujieres: Miriam Adelaida Ortiz Aquino (29), Édgar Fabián Ayala Melo (27), y Alfredo Samudio Benítez (27).
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Así también contra los abogados que promovieron demandas ante el citado juzgado: Sun Young Bang (46), Carlos Enrique Neffa Persano (46), José Ignacio Olmedo Lansac (45), Lucio Renato Sosa Cáceres (33), Óscar Fernando Rivela Gregor (44) y Cristian Daniel Martínez Meaurio (33).
En cuanto a la jueza de Paz Nathalia Garcete, vía oficio el juez Otazú solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el desafuero de la misma, a fin de que pueda someterse al proceso penal iniciado por la Fiscalía.
El magistrado citó a los procesados para los días 8, 10, 14 y 15 de abril a partir de las 8:30, para llevar a cabo las audiencias de imposición de medidas. También, fijó como fecha de requerimiento conclusivo para el Ministerio Público el próximo 24 de setiembre.
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Imputados por el Juzgado de Paz de San Roque
El magistrado Humberto Otazú, por otra parte, admitió de manera íntegra la imputación contra 19 personas, entre las cuales destaca la exjueza de Paz del distrito de San Roque Liliana Mabel González de Bristot, cuya renuncia fue admitida la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Junto con González de Bristot, también fueron procesados quienes fueron sus actuarios: Miguel Ángel Rolón Recalde (35), Gloria Mariel Martínez Portillo (34) y Liz Mabel Ortiz Báez (35).
También los ujieres: Líder Rodrigo Benegas Cristaldo (29), Heber Hernán Cardozo Areco (29); y los oficiales de justicia: Héctor Manuel Noguera Florentín (52), Paola Laura Vargas Rodríguez (23) y Oscar Daniel Frutos Meza (35).
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Con relación a los abogados que promovieron demandas ante este Juzgado de Paz, están imputados: Carlos Alberto Agüero León (52), Cynthia Raquel Gaona Acuña (33), Ángel Aníbal Cino Isnardi (57), Gerardo Stockel Duarte (61), Fátima Violeta Ojeda González (36), Mario Gabriel Rojas Ayala (29), Eliana Marcela Rodríguez Paredes (33), Félix Oscar Gill Stumpfs (68), Pedro Adolfo Olmedo Caro (63) y Marta Martinessi Culzoni (68).
Para esta causa también se fijó como fecha de requerimiento conclusivo para la Fiscalía el próximo 24 de setiembre de 2025. Igualmente, el Juzgado estableció para los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril próximos, la realización de las respectivas audiencias de imposición de medidas a partir de las 8:30.
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Investigados del Juzgado de Paz de La Encarnación
Por su parte, el juez penal de Garantía Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia es quien entiende en las causas relacionadas a los jueces de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta y de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, y sus respectivos funcionarios.
Dentro de esta causa, Estigarribia comunicó al JEM el pedido de desafuero de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, a fin de que pueda ser sometida al proceso penal abierto por la Fiscalía. Pues debido a que la misma cuenta con fueros por su investidura el proceso penal aún no fue iniciado respecto a ella.
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Sin embargo, en esta misma causa fueron procesados los actuarios: Martina Elsa Rivela Santacruz (50) y Ricardo Ramón Cuevas (37); además de los ujieres Nicolás Antonio Antúnez Tillería (26), Arturo Javier Ayala Franco (29), y Audrey Jazmín Galeano Mora (25). Los mismos fueron citados para su audiencia de imposición de medidas el 22 de abril próximo.
Para el 23 de abril, fueron citados a sus respectivas audiencias de imposición de medidas los ujieres Alfredo Rene Benítez Cabrera (30), Jorge Rene Montiel Montiel (56), así como los abogados Ángel Aníbal Cino Isnardi (57), José Manuel Fuster Castellano (53) y Lourdes Rocío Aranda Benítez (53).
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En tanto que para el 24 de abril están convocados los abogados Gabriel Darío Ojeda González (45), Leticia Soledad Núñez Cáceres (36), Gabriela María Vespa Centurión (29), Roger Alejandro Medina Quintana (39) y la oficial de Justicia Melissa Analía Talavera Bogado (29); mientras que para el 25 de abril los oficiales de justicia Alicia Ferreira Arguello (30), Fernando Iván Reyes Pérez (29), Stella Solans Lezcano Colman (33) y Héctor Manuel Noguera Florentín (52), deberán comparecer para la misma diligencia.
Causa relacionada al Juzgado de Paz de La Recoleta
El magistrado Rodrigo Estigarribia también comunicó al JEM el pedido de desafuero con relación al juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta. Esto con el fin de que pueda ser sometido al proceso y este pueda desarrollarse en forma normal en relación a él.
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Dentro de esta misma causa, Estigarribia inició el proceso penal y fijó para el 28 de abril a partir de las 8:30 la realización de audiencias de imposición de medida para las actuarias Gloria Isabel Morínigo Gill (53), Rosa del Pilar Lezcano Correa (46); para los ujieres Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg (33) y Fernando Cáceres González (44), y para el abogado Blas Antonio Rodríguez Galeano (55).
Para el 29 de abril, por otra parte, están convocados los abogados Silvio Gustavo Miranda Barrios (45), Robert Enrique Santacruz Oviedo (53), Luis Carlos Benítez Torres (51), Patricia Adriana Parodi Cantero (46), quien además es oficial de justicia; y Sebastián Marcelo Benítez Porzio (33).
En tanto que para el 30 de abril, quedó convocado el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente (45).
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El caso de “la Mafia de los pagarés”
La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.
Una de las denuncias cayó en una fiscalía barrial, sin embargo, el caso posteriormente fue reasignado a un equipo fiscal conformado por los agentes Belinda Bobadilla y Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Leonardi Guerrero, de la Sede 1 de la Fiscalía. Este equipo investigador realizó una serie de diligencias primarias.
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Posteriormente, en febrero pasado, se realizaron allanamientos simultáneos en los juzgados de Paz de los distritos de “La Recoleta”, “La Encarnación”, “La Catedral 2º Turno” y “San Roque”, de donde se incautaron en total 2.700 expedientes, además de otro tipo de documentos. Todos estos elementos fueron analizados y derivó en las imputaciones presentadas el pasado 21 de marzo, por los hechos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso.
A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.
El aparente fin de todas esas diligencias era, según la Fiscalía, llevar adelante los juicios y llegar al momento de los descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Esto funcionaba así mediante los ujieres que en sus informes consignaban las notificaciones a los demandados, cuando en realidad no cumplían con esa labor.
