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La intervención, el cambio y desvinculación de guardiacárceles, y colaborar con la Fiscalía con la investigación de la fuga de ocho reclusos de la penitenciaría de “máxima seguridad” de Minga Guazú fueron algunas de las medidas que tomaron desde el Ministerio de Justicia, según explicó Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal.
“La principal medida en relación a la gestión de esta penitenciaría es la intervención. Ya está designado el interventor, el funcionario Blas Martínez. En cuanto a la seguridad, el grupo de agentes penitenciarios que tuvo a su cargo la custodia de vigilancia en el momento en que se produjo la fuga, ellos van a ser apartados. Sí ya fueron desvinculados aquellos que ya fueron detenidos por el Ministerio Público y sustituidos por otros funcionarios”. detalló.
Agregó que contarán con el apoyo de la Policía Nacional para que se pueda asegurar el cumplimiento de las funciones que están específicamente establecidas en el reglamento que hace al funcionamiento específicamente del sector 8, que es el sector que corresponde al régimen cerrado especial.
“La fuga no se dio porque hicieron un túnel o porque limaron los barrotes, se dio porque un funcionario facilitó lo que aparentemente es una llave o una llave maestra, que permitió abrir la cerradura y luego poder escalar el techo del área, ya saltarse la muralla y el tema grave, donde tendrían que estar agentes haciendo la vigilancia no estaban”, indicó.
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Fuga en Minga Guazú: reglamento es claro
Maciel señaló que los guardiacárceles ni siquiera tienen que pensar mucho en cómo organizarse, porque las funciones están establecidas en un reglamento.
“Le dice dónde tiene que estar cada funcionario, qué tiene que hacer, cómo se tiene que mover. El tema está sencillamente en cumplir lo ya preestablecido en una resolución del Ministerio de Justicia”, puntualizó.
Agregó que todos los reclusos que están en el sector donde se produjo la fuga tienen un perfil de alto riesgo, o sea, son personas peligrosas.
Dijo que para el grupo de guardiacárceles de Minga Guazú se conformaron dos cohortes del Instituto Técnico Superior, considerando que están en un proceso empezó primero un curso de inducción, labores básicas y ya en eso empiezan la tecnicatura superior en la atención penitenciaria mientras van cumpliendo con sus funciones.
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¿Prófugos son del PCC?
Sobre los que se fugaron en Minga Guazú, dijo que algunos están relacionados con el Primer Comando Da Capital (PCC), otros están relacionados con el Clan Rotela y otros no están relacionados con ningún grupo en particular, pero igualmente tienen un perfil de alto riesgo.
Dijo que, penalmente, fugarse no se enmarca en un delito o crimen, sí en el caso de los guardiacárceles, que tienen la obligación legal y constitucional de custodiar a personas que están condenadas o bajo prisión preventiva.
Detalló que el salario de los guardiacárceles de Minga Guazú en comparación a otros es superior, siendo este de G. 3.850.000. “Sigue siendo poco, pero en comparación a los que están en otras penitenciarías es superior”, sostuvo.
Agregó que la penitenciaría de Minga Guazú no está en funcionamiento al 100%, considerando que tiene una capacidad para 1.600 personas, apenas hay 100 personas privadas libertad.
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La situación del sistema penitenciario en Paraguay
Contó que la población total de personas privadas de libertad supera los 19.000, 19.150 aproximadamente, siendo que en las penitenciarías la capacidad es de poco más de 10.434 plazas.
“Si analizamos la característica de la población penitenciaria, nosotros vemos que casi un 70% son prevenidos. En el punto de vista los estándares internacionales, la proporción tiene que ser 70% condenados, 30% prevenidos y en el Paraguay es a la inversa y Paraguay lamentablemente lidera los rankings de presos sin condena en la región”, lamentó.
Consultado sobre quién sería responsable de esta situación, apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a los jueces. “Quiénes son los que ordenan la privación de libertad de las personas, son los órganos jurisdiccionales, llámese jueces”, aseveró.
“Es por nuestra cultura todavía autoritaria, punitivista. Nosotros entendemos que si a una persona se le concede una medida alternativa se está causando una injusticia o queda el hecho impune. Es como satisfacer esa necesidad de la sociedad, del castigo, le meto en prisión preventiva, después se olvidan y sale sobreseído o con medida alternativa y finalmente no termina condenado“, agregó.
Dijo que los que cumplen prisión preventiva llegan incluso a estar hasta 6 años presos.
