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Según Iván Ojeda, el presidente Santiago Peña se basó en datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un estudio que se realiza el INE desde hace 28 años para medir la pobreza. Esta encuesta abarca aproximadamente 21.000 hogares en todo el país, excepto en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
Ojeda destacó que el INE sigue regulaciones internacionales y aplica la metodología del “línea de la pobreza”.
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Según este criterio, una persona es considerada pobre si su ingreso diario no alcanza los G. 29.000, que es el costo estimado de una canasta básica de bienes y consumos. En cuanto a la pobreza extrema, se define a quienes no pueden cubrir siquiera el costo de una canasta básica de alimentos, fijado en G. 13.000 diarios por persona.
El director del INE aclaró que el instituto no solo se encarga de recolectar datos, sino que también trabaja en conjunto con el Comité de Pobreza Ampliado, en el que participan 13 instituciones estatales, organismos multilaterales como el Banco Mundial y expertos independientes. Este comité tiene como objetivo garantizar la transparencia en la medición de la pobreza y evaluar el impacto de las políticas públicas.
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Ojeda señaló que las cifras presentadas pueden generar debates, pero aseguró que se basan en un proceso científico validado a nivel internacional. “Las cifras pueden gustar o no a la gente, pero surgen de un proceso científico que puede ser verificado y auditado”, concluyó.
Dudas y cuestionamientos
A pesar de los datos oficiales, algunos sectores ponen en duda la reducción de la pobreza anunciada por el gobierno. Argumentan que las condiciones económicas del país no reflejan una mejora significativa para la población más vulnerable.
