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Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío rico”, sindicado como líder de una organización desactivada con la megaoperación contra el narcotráfico A Ultranza Py, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú desde el 25 de agosto de 2024. El abogado Álvaro Arias Ayala, uno de los defensores del acusado, solicitó nuevamente el traslado de su representado a un centro penitenciario común.
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En esta ocasión, la petición se realizó al Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado sorteado para realizar el juicio oral y público a “Tío rico” y a los demás acusados en la referida causa. El colegiado está presidido por María Luz Martínez e intregrado por Federico Rojas y Dina Marchuk.
En una audiencia realizada el viernes último, Arias expuso al Tribunal como uno de los motivos para solicitar el traslado la dificultad que tiene para comunicarse con su defendido, a raíz de la excesiva custodia que el mismo tiene. En ese sentido, explicó que las entrevistas se realizan en un salón especialmente preparado para el efecto, donde un vidrio separa los espacios destinados a los defensores y defendidos. La conversación se realiza vía telefónica, en presencia de cuatro agentes, dos de cada lado, y según Arias, es grabada en todo momento.
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Defensa alega que cárcel de Minga Guazú es solo para condenados
“Van a hacer el juicio por medios telemáticos en donde no hay infraestructura adecuada ni en el Poder Judicial y mucho menos en las instituciones penitenciarias en donde la persona que está siguiendo su juicio oral no escucha absolutamente nada de lo que sucede, porque en otras causas ya ha sucedido eso. Y, además, yo no puedo hablar con él, no sé, es algo realmente increíble”, señaló el defensor, al comentar que también hay dificultad para visitar a su defendido, pese a que el mismo está en “libre comunicación” según la resolución que dispuso su prisíon.
“Esta situación puse a conocimiento del tribunal, también recordándole que este centro penitenciario, según la página web del Ministerio de Justicia, según la Constitución del mismo, fue creado para albergar a personas condenadas. En esa institución penitenciaria hay 50 internos, de los cuales 49 están condenados y uno solo está en prisión preventiva, que es Miguel Insfrán. Es una situación prohibida expresamente por la Constitución Nacional, prohibida expresamente por el Código Procesal Penal”, argumentó Arias.
Arias explicó que lo único que pretenden es que su defendido ya no esté en una cárcel de máxima seguridad y precisó ni siquiera pidió que se remita a su defendido a un centro penitenciario específico, sino que deja a criterio del Tribunal de Sentencia determinar el local que considere más adecuado para su reclusión. El letrado indicó que el colegiado tiene hasta el próximo miércoles para resolver la cuestión planteada.
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Miguel Angel Insfrán fue detenido en el Brasil
La megaoperación contra el narcotráfico A Ultranza Py se desarrolló en febrero de 2022. Miguel Insfrán se mantuvo prófugo de la justicia hasta el 9 de febrero de 2023, cuando fue detenido en Río de Janeiro, Brasil y luego, extraditado el 19 de mayo de ese año a nuestro país. Desde el 25 de ese mes estuvo preso en la prisión militar de Viñas Cue.
Por disposición de la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, el 25 de agosto del año pasado Insfrán fue trasladado de Viñas Cue a Minga Guazú. El traslado se hizo en un helicóptero, en medio de fuertes medidas de seguridad.
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Cámara ratificó prisión en Minga Guazú para acusado en el caso A Ultranza
La defensa recurrió esta decisión pero la jueza se ratificó en su postura el 13 de setiembre de 2024. El 23 del mismo mes, la decisión de mantener a Insfrán preso en la cárcel de Minga Guazú fue confirmada por el El Tribunal de Apelación en lo Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, segunda sala, integrado por los magistrados Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, Arnulfo Arias Maldonado y Jesús María Manuel Riera Manzoni.
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Ante esta decisión adversa a sus intereses, la defensa presentó una tutela ante un juzgado de ejecución de sentencia, con el mismo propósito. Sin embargo, el 3 de enero de 2025 la jueza penal de Ejecución María Lidia Wyder Mendieta rechazó la petición. La resolución fue nuevamente apelada y el 21 del mismo mes, ratificada por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
