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El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por sus colegas Ana Rodríguez Brozón y Adriana Planás, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 240 ratificó la prisión preventiva a Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, condenado a 10 años de prisión junto al ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, conocido como el “N°2″.
La defensa de Miguel Robles, ejercida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó la suspensión de la prisión preventiva y la aplicación de una medida menos gravosa, hasta que la Sentencia Definitiva N° 12 del 4 de enero de 2025 quede firme.
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Duarte Cacavelos señaló en la audiencia de revisión de medidas, “consideramos que los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva en cuanto hace al peligro de obstrucción ya no constituye fundamento para esta medida cautelar” y en virtud a ello, ofreció como caución real tres inmuebles de Ñemby, San Bernardino y Lambaré, respectivamente, por la suma de G. 5.337.169.000 con respecto al perjuicio causado G. 5.105.000.000.
Por su parte, el Ministerio Público representado en la diligencia por el fiscal Jorge Arce, solicitó que se mantenga la medida cautelar en consideración a las altas penas que se dictaron en esta causa. Finalmente, el Tribunal de Sentencias resolvió mantener la prisión, en virtud a que los argumentos que motivaron que se dicte la misma, no variaron.
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Hugo Javier desvió G. 5.105 millones en Central
Según lo resaltado por la presidenta del colegiado, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola demostraron en el juicio oral que las 14 obras supuestamente financiadas con los fondos de emergencia, fueron construidas mucho antes de los desembolsos que recibió la Gobernación de Central.
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Puntualizó que Hugo Javier González, en su carácter de gobernador y ordenador de gastos, erogó mediante dos resoluciones a favor de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000; y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000, por los que la Gobernación de Central no tuvo contraprestación alguna.
“¿Cuántas camas de terapia, medicamentos o insumos pudieron haberse comprado si es que el dinero llegaba a la población de Central, que confió en él (Hugo Javier González)?”, expresó la jueza Karina Cáceres en parte de la extensa argumentación de la sentencia.
Al respecto, la magistrada agregó que las autoridades de la Gobernación de Central aprobaron las transferencias al CIAP, sin ningún proyecto que justifiquen los desembolsos del fondo de emergencia que recibió la institución, y que debieron ser utilizados para reactivar la economía dentro del departamento durante la pandemia por Covid 19. ”No tenían una sola forma de respaldar el uso de semejante dinero del pueblo paraguayo. Así no se debe jugar con la plata del pueblo paraguayo”, enfatizó.
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Robles, el “cerebro del esquema delictivo”
El ex director de Gabinete de la Gobernación de Central Miguel Ángel Robles Ibarra fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Gobierno Central a favor de la institución departamental, según lo explicado por la presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Karina Cáceres al momento de dar a conocer la condena.
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La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 que la Gobernación de Central desembolsó para la “ejecución de 14 obras que ya existían” en el departamento, y que finalmente fueron cobrados por la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) fueron a parar, en su totalidad, en poder del señor Miguel Ángel Robles.
Según lo fundamentado por Cáceres, la transacción económica debió realizarse vía transferencia de la cuenta de la Gobernación de Central directamente a la cuenta de la Fundación CIAP, no mediante cheques como ocurrió en el presente caso. Agregó que con este procedimiento se evitó la trazabilidad del dinero que pagó la institución departamental.