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La falta de combustible para las maquinarias y vehículos municipales ha paralizado diversas obras y servicios en Villarrica, agravando la crisis política entre la Junta Municipal y el intendente Magín Benítez (PLRA). La ausencia de consenso para la compra de carburantes ha dejado inoperativos equipos viales, camiones de recolección de basura y otros vehículos municipales, generando protestas y enfrentamientos entre sectores políticos y funcionarios.
La controversia gira en torno a la renovación de un convenio con Petropar para el abastecimiento de combustible sin licitación, mecanismo utilizado por la comuna en periodos fiscales anteriores. Sin embargo, la Junta Municipal, en su mayoría conformada por concejales colorados, se opone a esta modalidad alegando sospechas de corrupción y mal manejo de los recursos.
El rechazo al contrato con Petropar se dio hace un mes, luego de denuncias sobre posibles cargas de combustible ficticias en beneficio del intendente y de su madre, la diputada María Constancia Benítez (PLRA). Ante esta situación, el intendente presentó un veto contra la decisión de la Junta, medida que actualmente está en estudio.
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En respuesta a la negativa de la Junta, el intendente organizó movilizaciones de funcionarios municipales frente al palacete municipal, coincidiendo con las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Junta. En ambas ocasiones, Benítez acudió personalmente para insistir en el tratamiento del veto, lo que generó fuertes críticas por parte de los concejales opositores.
Acusaciones de corrupción y presión a funcionarios
Los concejales colorados denuncian que las tarjetas flota utilizadas para la carga de combustible han sido mal administradas y utilizadas para fines privados. Además, aseguran que funcionarios han recibido presión para asistir a las manifestaciones en apoyo al intendente, bajo amenaza de represalias laborales.
“Teníamos información de qué personas ajenas a la Municipalidad están teniendo esas tarjetas para cargar combustible. Además, funcionarios denunciaron que se les entregaba la tarjeta con G. 800.000 y solo podían cargar G. 200.000, debiendo devolver el resto al intendente”, afirmó el concejal Diego Portillo (ANR).
También se han registrado denuncias sobre el uso de equipos municipales para fines proselitistas, mientras que los pedidos de obras viales y mantenimiento de caminos de sectores no afines al gobierno municipal han sido ignorados.
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Pedido de transparencia y alternativas de compra
La bancada colorada insiste en que la compra de combustible debe realizarse mediante un llamado a licitación pública, garantizando mayor transparencia. Por su parte, el intendente y los concejales liberales argumentan que contratar con Petropar es la mejor opción, ya que la empresa estatal ofrece precios más accesibles y ha sido recomendada por la Contraloría General de la República.
“Casi 200 municipios firman con Petropar porque el precio es menor. A quién le vas a llamar a licitación si Petropar te obliga a firmar con ellos”, señaló el concejal Luis Silva (PLRA).
Ante las críticas, Benítez negó las acusaciones y desafió a los concejales a presentar pruebas. “No pueden venir a decir cosas sin fundamentos, sin pruebas. De lo contrario, solo quedan como grandes charlatanes”, afirmó el intendente.
La Junta Municipal ha decidido remitir el veto a comisiones para su análisis y posponer su tratamiento hasta la sesión de la próxima semana. Mientras tanto, la maquinaria municipal sigue detenida frente al palacete, afectando actividades de limpieza y trabajos viales en la ciudad.
Si bien los concejales colorados no descartan aprobar el convenio con Petropar, sostienen que antes deben recibir informes detallados sobre el uso del combustible. El intendente, por su parte, mantiene su postura de urgencia y advierte sobre las consecuencias de seguir dilatando la renovación del contrato.