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Este martes, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recibió en su oficina a la fiscala Irma Llano, quien es la encargada de la investigación del caso de “espionaje”, supuestamente ordenado por Brasil.
El objetivo de la reunión de las autoridades es abordar el caso y analizar qué acciones se pueden tomar ante la denominada “acción de inteligencia”, que habría sido ordenada por Brasil contra el Paraguay.
En el encuentro, el canciller le entregó a la fiscal información relacionada con el tema y se discutieron los detalles del caso. Por su parte, la fiscal informó detalles acerca de la apertura de su investigación fiscal.
En la reunión también estuvieron presentes el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, y el embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.
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Operación de espionaje fue durante gobierno de Bosonaro
La Agencia Brasilera de Inteligencia (Abin) había revelado que el Gobierno brasilero hackeó al Gobierno paraguayo. La operación se produjo meses antes de que el Gobierno brasileño cerrara un nuevo acuerdo sobre los montos pagados a Paraguay por la energía de Itaipú, en mayo de 2024.
El portal ‘UOL’ reveló el pasado 31 de marzo que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) organizó, durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), la operación de espionaje, con el objeto de acceder a informaciones sobre las negociaciones de la tarifa de la electricidad de Itaipú y del anexo C, que obliga a Paraguay a vender a Brasil el excedente de su cuota de energía producida en Itaipú a precios preferenciales.
Ese mismo día, el Gobierno de Brasil admitió el hecho, pero aclaró que cerró ese operativo el 27 de marzo de 2023, unos tres meses después de que Lula asumiera el poder.
En 2024, ambos países decidieron elevar en 2,5 dólares la tarifa que Brasil pagará en los próximos tres años por la energía paraguaya excedente de Itaipú, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes.
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Acuerdo debe firmarse el 30 de mayo
De forma paralela, firmaron un instrumento de entendimiento para modificar el anexo C, que permitirá a Paraguay vender libremente el excedente de su energía al mercado brasileño, regulado o no regulado.
Este acuerdo debe ser firmado el próximo 30 de mayo, según anunció la Presidencia paraguaya el mes pasado.