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La apelación general promovida por la defensa de la coacusada en el caso “Berilo” Yisela Noemí Ramírez, contra el Auto Interlocutorio Nº 321 de fecha 16 de noviembre del 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, de la Capital; fue declarado inadmisible por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con la resolución del máximo tribunal queda firme el A.I N° 321, por el cual los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y José Waldir Servín confirmaron al juez de Garantías Miguel Palacios para seguir entendiendo en la causa que afrontan el presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, exdiputado colorado Ulises Quintana y más de veinte acusados por el Ministerio Público.
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Luego de analizar los argumentos de la defensa los ministros del máximo tribunal resaltaron que la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de recusaciones se encuentra limitada por el Artículo 39 inciso 3° del Código Procesal Penal, a resolver lo atinente a recusaciones contra miembros del Tribunal de Apelaciones y no contra magistrados de primera instancia, como se da en el presente caso.
“Las decisiones adoptadas en relación con los incidentes ordinarios son las recurribles ante el Tribunal de grado superior, según lo dispone expresamente el Artículo 461, numeral “3” del Código de Rito Penal. Sin embargo, quedan excluidas las resoluciones que resuelven recusaciones, cuya impugnabilidad o recurribilidad no está taxativamente consignada tal como lo exige el Artículo 449 del mismo Código”, señala la Sala Penal en su resolución.
11° intento para preliminar a Cucho y Ulises
Una vez que la Sala Penal de la Corte remita el expediente, el juez Miguel Palacios podrá fijar nueva fecha para intentar, una vez más, llevar a cabo la audiencia preliminar, a fin de resolver si eleva a juicio oral y público la causa, así como pidió el Ministerio Público en la acusación presentada en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022.
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La última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar fue el lunes 9 de diciembre de 2024, cuando se suspendió debido a recusación planteada Yisela Noemí Ramírez, en contra del juez Miguel Palacios, alegando que el magistrado “está totalmente servicial al Ministerio Público”, teniendo en cuenta que “rechaza todos los planteamientos sin respetar la ley y menos a nuestra Constitución Nacional.”
Sobre las anteriores chicanas planteadas por las demás defensas, la coacusada Yisela Ramírez resaltó en su escrito de recusación, que el juzgado de Garantías pretende atribuir a los encausados el tiempo que tardó la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Ministerio Público.
“Abiertamente carga sobre los procesados la mayor chicanería planteada por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que robó casi 2 años y seis meses de este proceso, y ahora por esa antigüedad no permite a los defensores viajar, atender otras causas ni poder pasar su maternidad con tranquilidad”, señaló Ramírez.
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Cucho financió a Ulises, según Fiscalía
La acusación del Ministerio Pública puntualiza que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según la acusación.
Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
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A este hecho se suma que Ulises utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Cucho, quien adquirió el rodado con dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a la hipótesis fiscal.
Habría colaborado para liberar dinero narco
La acusación fiscal sostiene además que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína, según la acusación fiscal.
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Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.