El septiembre de 2024 la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) de la Cámara de Senadores se reunió con diversos sectores afectados por el robo de cables y el mercado en negro que opera en detrimento de las recaudaciones del Estado, con el fin de crear una ley de regulación de venta de estos materiales
La Conaderna emitió dictamen con modificaciones sobre este proyecto de Ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”, la cual será tratada en la sesión ordinaria del próximo miércoles 23 de abril.
Se establecieron sanciones de hasta G. 1.000 millones para quienes comercialicen irregularmente materiales como cobre, aluminio y otros. La Senad también fue incluida en los controles para desalentar el robo de cables y contrabando internacional de metales.
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El proyecto fue presentado por los senadores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara, Óscar Salomón y Noelia Cabrera, el cual crea el Registro Nacional de Comercio de Residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato.
Al respecto, la senadora Noelia Cabrera, presidenta de la Conaderna, explicó los alcances del proyecto, cuyo objetivo principal es establecer un marco regulatorio para garantizar la trazabilidad de metales como aluminio, cobre y otros, prevenir el robo, hurto y la reducción de materiales reciclables, así como el tráfico internacional de estos. Otro aspecto es promover la igualdad tributaria y prevenir la evasión fiscal”.
Modificaciones del original
Entre las modificaciones al texto original se resaltan la prohibición de comercializar materiales como cables robados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), del sistema de televisión por cable, además de tapas de medidos y registros de instituciones públicas o privadas.
En el referido registro nacional deberán estar inscriptas las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades de acopio u almacenamiento, procesamiento, fundición o exportación de residuos metálicos para el control respectivo.
“Las sanciones aplicables en cada caso será la de apercibimiento o en su caso, conforme a la gravedad del hecho, una multa equivalente de 1.000 hasta 10.000 jornales mínimos y la suspensión del registro de comercio de hasta un año, que serán determinados conforme a la gravedad de la infracción, esta sanción podrá ser aplicado de manera conjunta”, indica el dictamen del Conaderna.
Es decir, teniendo en cuenta el jornal mínimo vigente, las sanciones van desde G. 107.627 millones hasta G. 1.076 millones.
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La normativa a ser analizada por el pleno de la Cámara de Senadores indica además que la declaración de facturación, que sea inferior a los precios referenciales internacionales establecidos en la página Web del MIC, también será sancionada. Sobre este punto, se estima una fuga impositiva de aproximadamente US$ 100 millones que se produce a consecuencia del contrabando del cobre y otros materiales reciclados.
Las instituciones que intervendrán en la verificación de exportación de metales ferrosos y no ferrosos son la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio del Medioambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y se suma la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Gremio denuncia falta de control en Canindeyú
El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangadeira, dijo a que tras la reunión que tuvieron el año pasado con autoridades en Cámara de Senadores no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero.
Están esperanzados en que el proyecto de ley se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en Pindoty, donde es “tierra de nadie”.
Recordó que zonas como Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) siguen siendo “tierra de nadie” para el contrabando de cobre y otros materiales, y que pretenden regular esta práctica delictiva en beneficio del país, que recibirá mayores ingresos tributarios por medio de la legalización del comercio en este rubro.