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El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, se refirió al caso conocido como la “mafia de los pagarés” y advirtió que este escándalo es el resultado de fallas estructurales en el sistema judicial, que permitieron que una red criminal se aprovechara de cientos de personas mediante maniobras fraudulentas.
Ríos señaló que si bien el aspecto jurisdiccional del caso ya se encuentra en manos de la Justicia, existen elementos del esquema delictivo que operan fuera del proceso judicial formal y que deben ser abordados con urgencia.
“Uno de los problemas más graves es que muchas personas firman pagarés en blanco, lo que permite que luego sean completados con cualquier monto o fecha, y eso es imposible de detectar por un juez. Es una práctica que ocurre fuera del proceso y que escapa al control judicial”, explicó.
Además, denunció que un mismo pagaré puede ser utilizado en varios juicios distintos, ya que actualmente no existe un sistema electrónico unificado que permita cruzar información entre juzgados.
“Podés presentar un pagaré en Isla Umbú y luego usar el mismo en Ypejhú. El juez no tiene cómo saber porque no hay expediente electrónico que lo alerte”, detalló.
Ríos también expuso serias deficiencias en el sistema de notificaciones. Afirmó que los juzgados de paz, especialmente en Asunción, siguen operando con expedientes en papel y sin herramientas tecnológicas adecuadas, lo que facilita fraudes.
“Hay notificaciones supuestamente hechas por el mismo ujier a la misma hora en lugares distintos, como Lambaré y Mariano Roque Alonso. Eso solo se detectó gracias a una auditoría informática que cruzó datos mediante planillas de Excel”, relató.
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Dos ujieres para 50.000 expedientes
La falta de personal también es crítica. En algunos juzgados de paz que manejan hasta 50.000 expedientes, solo hay dos ujieres encargados de realizar notificaciones.
“¿Cómo esperás que dos personas cubran semejante volumen? Muchos tercerizan la labor, contratando notificadores informales en moto. Y eso va contra la normativa”, advirtió el ministro.
Ante este panorama, Ríos planteó la necesidad de reformas profundas. “No podemos seguir permitiendo que un juzgado de paz tenga 50.000 causas activas. Debería haber un ujier por cada 5.000 expedientes como mínimo”, propuso.
El ministro también cuestionó las exoneraciones en los juicios ejecutivos menores a 100 jornales mínimos, que permiten que demandas por sumas considerables no generen ingreso alguno al Estado. A esto se suma la carga económica de las notificaciones, que pueden costar hasta 25.000 guaraníes cada una, en procesos que requieren varias por expediente. “Multiplicá eso por decenas de miles de juicios y vas a ver el volumen de dinero que se mueve. Es un terreno fértil para la corrupción”, enfatizó.
Por último, el magistrado hizo hincapié en la necesidad de implementar mecanismos que impidan el uso reiterado de pagarés, como un sello o registro centralizado.
“Hay ministros que están en desacuerdo, pero el ministro Jiménez presentó una propuesta que será estudiada en la Corte. La idea es que el pagaré quede depositado en un lugar específico. Aunque claro, el problema luego es logístico: ¿dónde guardás 50.000 pagarés?”, cuestionó.
Ríos concluyó que la corrupción en este esquema tiene dos caras: una pública, dentro del sistema judicial, y otra privada, ligada a quienes negocian pagarés ya saldados.
“Mucha gente termina de pagar su deuda y nunca retira el documento. Ahí aparece el sinvergüenza que lo vende a otro. El nuevo ‘dueño’ inicia un juicio y el juez no tiene cómo saber que esa deuda ya fue pagada. Este sistema no puede seguir así”, sentenció.