Yabebyry: caballo golpeado fue decomisado y trasladado a una fundación en Benjamín Aceval

YABEBYRY. Una comitiva fiscal, con el acompañamiento de personal de la Comisaría 9ª de Yabebyry, procedió al decomiso de un animal equino que habría sido maltratado por su propietario. El mismo fue trasladado a la Fundación Mary Llorens de la ciudad de Benjamín Aceval, Chaco. El Ministerio Público ordenó la detención preventiva de William Alejo García por el supuesto hecho de maltrato animal.

Yabebyry
Momentos en que el caballo el cargado a un remolque para ser trasladado a la Fundación Mary Llorens, en Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

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El informe policial señala que una comitiva fiscal, encabezada por la fiscal Stella Mary Cano, acompañada de personal policial, se constituyó en el lugar donde se encontraba el animal (en el inmueble de William García), y personal de la Fundación Mary Llorens procedió al decomiso y a cargar al caballo en un vehículo para después ser trasladado hasta la ciudad de Benjamín Aceval.

El miércoles último, a través de las redes sociales, se viralizó un video en el cual se observaba que tres hombres estiraban a un caballo hasta que lograron derribarlo para luego comenzar a golpearlo. El Ministerio Público ordenó, por resolución 151/2017, la detención preventiva del dueño del animal equino agredido.

La Ley 4840/2013 tiene por objeto establecer pautas mínimas que regulen la protección de los animales domésticos, silvestres y exóticos en cautiverio. Es de interés público garantizar la protección y el bienestar de los animales. A tal efecto, el Estado paraguayo garantizará la adopción de acciones que aseguren el cumplimiento de dicha disposición. Esta ley contempla infracciones y delitos de carácter grave que son de acción penal pública, por lo que deberán ser investigados por el agente fiscal correspondiente.

En noviembre de 2024, el Presidente de la República Santiago Peña promulgó la ley que establece penas más severas para quienes maltraten o dañen animales. Aumenta el castigo contra este tipo de acciones al pasarlas a la categoría de crimen (delito grave), que contempla penas privativas de libertad de hasta seis años.

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