Cargando...
Tamara Cáceres Franco contactó con nuestro diario para denunciar un caso como mínimo insólito. Con una resolución falsificada presentada ante el Instituto de Previsión Social (IPS), la pareja de su padre se “adueñó” de la pensión que le correspondía a su madre, durante más de un año.
Tamara explicó que tras el fallecimiento de su padre, el funcionario aeroportuario jubilado Daniel Luis Cáceres, en enero de 2022, su madre Myriam Raquel Franco Viuda de Cáceres inició el juicio de sucesión y posteriormente, gestionó la declaración de heredera ante el IPS, donde figuraba como beneficiaria.
Para sorpresa de la familia, cuando las dos hijas del matrimonio se presentaron para gestionar el cobro de la pensión que le correspondía a su madre, fueron informados por un funcionario de que “la viuda ya estaba cobrando”. La beneficiaria es la pareja de su padre, Porfiria Díaz Rolón, de 65 años de edad, quien en el expediente del IPS figura como Porfiria Díaz viuda de Cáceres, quien también tiene dos hijos con el fallecido.
Lea más: Así se distribuye la pensión de un asegurado o jubilado fallecido a los familiares
Juez denunció falsificación de resolución de supuesto divorcio
En atención a que el matrimonio nunca se divorció, se solicitó la documentación presentada por la beneficiaria para acceder a la pensión y se encontró con la SD N° 637 del 17 de setiembre de 2005, dictada por el juez en lo civil y comercial del segundo turno de Luque, César Manuel Godoy Morales, en el juicio “Daniel Luis Cáceres y Miryan Raquel Franco sobre divorcio vincular por mutuo consentimiento”.
Myriam Franco solicitó una entrevista con el magistrado para poder ver el expediente, pero el juez Godoy reveló que el mismo no existe, que tanto la firma que le atribuyen como la del actuario Juan Moreno son falsificadas y aclaró que ni siquiera era juez en la fecha indicada.
“Inmediatamente me percato con una simple lectura y visualización que tanto la firma de mi persona en tal carácter y como también el actuario judicial Juan Moreno Vittone que no pertenecen a mi puño y letra como tampoco del citado secretario y también otro dato, la fecha de emisión de la sentencia en la cual no era ni existía”, afirmó Godoy al explicar que recién en marzo de 2011 fue designado juez.
El magistrado precisó además, que es titular del juzgado en lo civil y comercial del tercer turno y la sentencia apócrifa le atribuye la titularidad del juzgado del segundo turno.
Fiscalía imputó por producción de documentos no auténticos
La investigación de la denuncia presentada en forma conjunta por Myriam Franco y el juez César Godoy ante el Ministerio Público recayó en la fiscala de San Lorenzo Dora Nohl, quien imputó a Porfiria Díaz Rolón por producción de documentos no auténticos y tiene plazo hasta el próximo 25 de mayo para presentar requerimiento conclusivo en la causa.
La procesada, cuya rebeldía y orden de captura fue decretada en enero pasado por la jueza penal de garantías de San Lorenzo María Elena Cañete cuenta con medidas sustitutivas de prisión desde marzo pasado.
Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial, obligación de presentarse ante el juzgado en forma mensual y fianza personal de una tercera persona por G. 20 millones, fueron las condiciones establecidas por el juzgado para disponer el levantamiento de la rebeldía.
Lea más: Acusados por “venta de cargos” en IPS van a juicio oral por esquema de estafa
Afectados cuestionan inacción de IPS
Mientras el proceso penal sigue su curso gracias a la denuncia de los afectados, la familia tramita ante la previsional el pago de los G. 98 millones que la ahora procesada cobró en forma irregular, pero la jefa del departamento de Jubilaciones, Bicia Jarolín de Fretes, les dijo que ellos deben hacer un juicio a la procesada para recuperar ese dinero.
“No puede ser que la falsificación de tantos documentos quede impune. Ellos reconocieron que se equivocaron al pagarle a ella, entonces nosotros solicitamos a IPS que le pague a mi mamá lo que le corresponde, que esta persona cobró en forma irregular y la directora Bicia de Fretes nos dice que tenemos que reclamar a la señora, pero no puede estar bien. Ella presentó los documentos falsos al IPS, no a nosotros. Nosotros creemos que esta es una acción que le corresponde a IPS, porque ellos fueron engañados, si es que fue un engaño realmente”, expresó Tamara.
La denunciante lamentó el poco interés de las autoridades de la previsional en el caso, pues al parecer ni siquiera presentaron la denuncia correspondiente.
Lea más: Otro escándalo: en IPS se desatendió denuncia de venta de cargos, realizada hace 4 meses
“Acá hay una rosca mafiosa. Porque nosotros, que hicimos bien las cosas, nos tomó casi un año terminar todo el proceso y esa persona al mes siguiente de la muerte de mi papá ya estaba cobrando con documentos falsos. Cuando nosotros advertimos que había un error, el IPS no suspendió el pago, solo lo hizo cuando terminamos todo el proceso. Y eso no puede ser, es decir, nosotros hicimos saber que había un engaño y no les importó. Es muy raro”, expresó Tamara.
La denunciante comentó que Porfiria Díaz cobró la pensión que corresponde a su madre desde febrero de 2022 hasta julio de 2024, cuando se suspendió el pago luego de una nota de renuncia presentada por la mujer, tras su procesamiento. Reveló que cuando eso, descubrieron que el IPS había aprobado un préstamo de G. 140 millones a la ahora procesada, que no llegó a retirar debido a la cancelación del pago.
“Imaginate lo grave que es. Si ella llevaba esa plata, ese descuento iba a quedar para mi mamá. Acá hay para nosotros hay daño, perjuicio, pérdida de tiempo y muchos gastos por la inoperancia de IPS”, acotó.
Procesada se excusó de dar su versión a la prensa
Esta mañana contactamos vía telefónica con Porfiria Díaz a su celular de terminación 007, para conocer su versión, pero la misma explicó que ya se presentó ante la Fiscalía y se excusó de hablar al respecto.
Ante tal situación, consultamos si prefería derivar la consulta a su abogado y le preguntamos si podía facilitarnos su contacto para el efecto. Díaz dijo que prefería no hacerlo, porque el caso ya está en manos de la justicia.
De las averiguaciones realizadas por IPS con posterioridad a la denuncia, se constató que la SD N° 637 del 17 de setiembre de 2005 no existe y que la verdadera SD N° 637 se dictó el 4 de octubre de 2005, en el juicio “Rita Fermina Méndez Arévalos c/ Ministerio Público sobre nulidad de instrumento público” según informe remitido por la Sección Estadísticas y Antecedentes Judiciales de la Circunscripción Judicial de Central.
“Esta Dirección General, cumple en remitir la fotocopia del acta de matrimonio (se encuentra en blanco y anulada), obrante al número 104, folio 4, año 2005, correspondiente a la Oficina N 564 (Fernando de la Mora-Primera Sección). A su vez, se Informa que en la copia de certificado de matrimonio indica que el Volumen del libro es N° 3765, no obstante dicho volumen corresponde al año 1966 de la Oficina N° 170 (Eusebio Ayala)”, asimismo acompaña el informe elevado por el Jefe de Archivo de Libros y copia del Acta citada que se encuentra en blanco, (fs. 60-66)”, informó a su vez, el titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil.
Habrá que ver si la investigación fiscal se ceñirá únicamente a Porfiria Díaz o buscará saber también quiénes son los funcionarios que dieron curso a una solicitud con tantas irregularidades como las mencionadas, sin verificar la autenticidad de la documentación presentada.