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El Círculo Paraguayo de Médicos lanzó este martes un comunicado en el que alerta sobre una grave crisis institucional en la Superintendencia de Salud. La organización denuncia designaciones ilegales, fraude documental, protección institucional al sospechado y castigo judicial contra quienes se atreven a denunciar.
Según el pronunciamiento, la Superintendencia de Salud se encuentra al mando de una persona cuya designación fue hecha de forma irregular por decreto del Poder Ejecutivo, sin respetar el procedimiento establecido por ley, que exige la intervención del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud.
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Durante el proceso de concurso para su nombramiento definitivo, el postulante habría presentado documentos falsos con el fin de aumentar su puntaje, denunciaron. Aunque fue excluido del concurso por ese motivo, continúa en el cargo, al silencio de las autoridades, lo que, según el gremio médico, “bloquea cualquier intento serio de fiscalización”.
Justicia sanciona al denunciante
El gremio recurrió a la Justicia para impugnar el decreto presidencial, pero el reclamo fue rechazado sin analizar el fondo del caso. A través del Auto Interlocutorio Nº 243/2025, del 15 de abril, el tribunal declaró inválida la acción por una supuesta formalidad procedimental y aceptó sin cuestionamientos la solicitud del Ejecutivo.
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Peor aún, la Procuraduría General de la República, en representación del presidente Santiago Peña, solicitó que se impongan costas procesales al Círculo de Médicos, que según ellos, actuó con responsabilidad. “El mensaje fue claro: sancionar al que denuncia con pruebas y proteger al que incurre en fraude”, lamenta el gremio.
Por otro lado, la denuncia penal por fraude documental sigue sin avanzar en el Ministerio Público, mientras que caso judicial fue resuelto con celeridad, en contra del denunciante. Para el gremio médico, esta doble vara institucional representa una grave amenaza ética. “La continuidad de una persona descalificada al frente del órgano contralor transmite el mensaje de que la ética ha dejado de ser un estándar público”.
El comunicado finaliza con una reflexión dirigida a los magistrados y autoridades judiciales. “La justicia no puede ser escudo del poder ni castigo para quien denuncia con pruebas hechos que afectan al bien común”.