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La acusación por lavado de activos presentada contra el narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza por el fiscal de delitos económicos y anticorrupción Luis Piñánez es una derivación de un procedimiento realizado el 22 de octubre de 2020. Franco cumple una condena de 18 años de pena privativa de libertad en una causa por narcotráfico que estuvo a cargo del entonces fiscal de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Marcelo Pecci Albertini, asesinado en mayo de 2022 en Colombia.
En la fecha indicada, Altertados sobre un supuesto plan de fuga, una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Marcelo Pecci y sus colegas Alicia Sapriza y Federico Delfino, con anuencia de la entonces ministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas, irrumpió en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú minutos después de las 02:00.
Antes de que los mismos guardiacárceles pudieran reaccionar, los agentes ya habían rodeado el pabellón 5 de Admisión situado casi a la entrada misma del penal, hacia la base de la Agrupación Especializada de la Policía.
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Allanamiento en Tacumbú detectó laboratorio de procesamiento de cocaína
En un sector de la planta baja, donde aparentemente estaba ocupado por unos 12 reos, fue detectado un improvisado laboratorio, con todos los elementos necesarios para el procesamiento de la cocaína. En el sitio, estaban guardados 2 kilos con 458 gramos de clorhidrato de cocaína, 3 kilos con 40 gramos de crack, 22 gramos de pasta base de cocaína, a más de 77 gramos de marihuana.
En la celda del narcotraficante esteño Jaime Franco, ubicada en la planta alta del mismo sector, fueron encontrados fajos de billetes en moneda nacional y extranjera, además de armas blancas, celulares y documentaciones varias.
“Así también, en esa ocasión se ingresó a la celda del interno Jaime Andrés Franco Mendoza, en donde se encontraron armas blancas, aparatos celulares, documentos de transacciones y dinero en efectivo totalizando la suma de 174.663.000 Gs. (ciento setenta y cuatro millones seiscientos sesenta y tres mil guaraníes), 12.400 USD (doce mil cuatrocientos dólares americanos), 500 E (quinientos euros), y 10 R (diez rands), montos que llamó la atención de los intervinientes”, relata Piñanez en la acusación.
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De las averiguaciones realizadas en la época, se constató que Franco no tenía cuenta alguna en entidades financieras de plaza ni actividad lícita que justifique el dinero hallado en su poder.
“Al imputado Jaime Andrés Franco Mendoza, en su lugar de reclusión se encontró una cantidad relevante de dinero en efectivo, cuya procedencia no puede justificar de modo alguno. La falta de una actividad económica licita que lo justifique, la falta de respaldo documental para explicar la tenencia de esos fondos, además de las solapadas transacciones comerciales del imputado desde su lugar de reclusión para ocultar su verdadera actividad ilícita de tráfico de drogas, obtenidas de las informaciones recabadas del teléfono de celular incautado al acusado Jaime Franco de su celda, constituyen actos concretos de posesión de bienes de origen ilícito. La materialización objetiva del delito se manifiesta en el hecho de haber manteniendo en su poder activos cuya procedencia está conectada con actividades delictivas (narcotráfico), sin haberse registrado su ingreso por vías legales”, acotó el agente fiscal.
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Investigación, “cajoneada” por casi dos años
En su requerimiento conclusivo, Piñánez explica que la presente causa se abrió recién el 2 de marzo de 2022, por Resolución F.G.E. Nº 688, emanada por la entonces Fiscal General del Estado, Sandra Raquel Quiñónez. La titular del Ministerio Público tomó la determinación luego de la comunicación recibida de la fiscala Sapriza (Alicia), a través de la Nota Nº 05, que fue puesta en Fiscalía General del Estado en fecha 18 de febrero de 2022.
“En la mencionada nota, informa que en el marco de la causa 6702/2020 persona innominada s/ hecho punible a determinar, en el cual posterior al trabajo de inteligencia realizado por el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de un supuesto plan de fuga en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, teniendo como supuesta fecha, el 23 de octubre del 2020 de aproximadamente once personas, internos de la penitenciaria que integrarían el grupo criminal liderado por Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, quien contaba supuestamente con armas de fuego tipo fusil AK 47 y armas cortas, dándose aviso de dicha situación a la Ministra de Justicia y se estableció alerta máxima en todas las penitenciarías del país”, explica Piñánez.
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Actualmente, Franco se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, pese a los reiterados pedidos de la Policía Nacional de trasladarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad e incluso una resolución judicial en ese sentido, dispuesta por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Kirchhofer el año pasado, y que sigue pendiente de cumplimiento.