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La obra de ampliación de la ruta PY02, largamente esperada, arrancó oficialmente el 11 de enero y tiene un costo de G. 77.421 millones. Está a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles SA, representada por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo y Adriana Cordero Codas, según datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La firma debe ejecutar el mejoramiento de 7,5 kilómetros de la antigua ruta urbana, y la entrega está prevista para finales del 2025.
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Ante la necesidad de liberar la franja de dominio para permitir el avance de las obras, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) notificó a los ocupantes informales a desalojar sus puestos.
Uno de los representantes de los casilleros, Elsido Fonseca, señaló que recibió la notificación el pasado miércoles santo. Aclaró que no están pidiendo una indemnización económica, sino la construcción de un área de servicio donde puedan ser reubicados.
“Estamos hablando de familias que llevan más de 30 años trabajando en este lugar. Solo pedimos la oportunidad de seguir trabajando, como se hizo en el km 170 de Caaguazú con los vendedores de juguetes y muebles”, explicó.

Fonseca mencionó que solicitó ayuda al intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez (ANR-HC), quien prometió que actuará de intermediario ante el MOPC para conseguir un espacio alternativo para los afectados.
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Por su parte, el intendente Marcos Benítez (ANR-HC) manifestó que la franja de dominio debe ser liberada cuanto antes para evitar retrasos en la obra. Confirmó que está buscando una solución viable, como un área de servicio para los trabajadores.
No obstante, denunció que “un pequeño grupo” está chantajeando al Gobierno Nacional, exigiendo entre G. 10.000.000 y G. 15.000.000 como condición para abandonar el sitio, lo que calificó como una postura inviable. “Lo ideal es que se retiren de la franja de dominio de forma pacífica, y luego buscaremos una alternativa que beneficie a todos”, expresó.