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Para este jueves 24 de abril estaba prevista la audiencia preliminar para 13 acusados en la causa Berilo, donde los principales encausados son el supuesto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado colorado Ulises Quintana. Sin embargo, la fiscal Lorena Ledesma y la defensa de Flora Lida Ayala plantearon recursos de reposición en contra del desdoblamiento de la diligencia, teniendo en cuenta que son más de 20 los acusados.
La agente fiscal y el Abg. Juan Campuzano, defensor de la acusada, argumentaron el desconocimiento de un motivo jurídico para la convocatoria del juzgado solo a 13 acusados y no a todos los procesados en la causa Berilo. Puntualizaron que el procedimiento vulnera derechos fundamentales, favorece a imputados que habrían recurrido a recusaciones dilatorias y fragmenta el desarrollo del proceso, lo cual podría derivar en nulidades.
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Ledesma señaló incluso que la decisión del juez Miguel Palacios resulta discriminatoria y constituye un “premio” a quienes obstaculizaron reiteradamente el avance del caso mediante incidentes procesales. Por su parte Campuzano calificó la medida como una posible “causal de nulidad sobreviniente”, al debilitar la estrategia de defensa y fragmentar el análisis de la prueba.
Tras analizar los argumentos de la agente del Ministerio Público y el representante legal de una de las acusadas, el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió rechazar ambos recursos de reposición alegando que la medida de desdoblamiento busca justamente destrabar un proceso paralizado desde junio de 2022 debido a maniobras dilatorias. En consecuencia, remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones, a fin de que un tribunal analice los recursos planteados.
11ª suspensión de preliminar en caso Berilo
Esta es la undécima ocasión que se suspende la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en la acusación presentada en setiembre del año 2019 y ratificada en mayo de 2022.
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La última vez que se intentó llevar a cabo la diligencia fue el 9 de diciembre de 2024, cuando se suspendió debido a recusación planteada Yisela Noemí Ramírez, en contra del juez Miguel Palacios, alegando que el magistrado “está totalmente servicial al Ministerio Público”, teniendo en cuenta que “rechaza todos los planteamientos sin respetar la ley y menos a nuestra Constitución Nacional.”
Sobre las anteriores chicanas planteadas por las demás defensas, la coacusada Yisela Ramírez resaltó en su escrito de recusación, que el juzgado de Garantías pretende atribuir a los encausados el tiempo que tardó la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Ministerio Público.
“Abiertamente carga sobre los procesados la mayor chicanería planteada por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que robó casi 2 años y seis meses de este proceso, y ahora por esa antigüedad no permite a los defensores viajar, atender otras causas ni poder pasar su maternidad con tranquilidad”, señaló Ramírez.
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Fiscalía asegura que Cucho financió a Ulises
La acusación del Ministerio Pública puntualiza que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según la acusación.
Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
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A este hecho se suma que Ulises utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Cucho, quien adquirió el rodado con dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a la hipótesis fiscal.
Quintana habría colaborado para liberar dinero narco
La acusación fiscal sostiene además que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína, según la acusación fiscal.
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Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.