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David Ramírez, poblador de la zona, manifestó su preocupación por las intenciones del grupo, al señalar que si bien se trata de tierras consideradas improductivas por la mayoría, el objetivo declarado por los ocupantes sería destinar el área al cultivo de arroz. “La tierra es improductiva en esta zona, pero nos enteramos que ellos quieran para plantar arroz, y si entran aquí van a destruir nuestro medio ambiente”, expresó.
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Según datos aportados por los vecinos, la comisión está liderada por Víctor Sánchez Alfaro, de nacionalidad argentina, quien presentó una nota a la Municipalidad de Tacuaras con el propósito de establecer una colonia de productores en la zona. Sin embargo, el intendente municipal Lorenzo Irún (PLRA) confirmó que la comuna no reconoce oficialmente a dicha comisión.
Presencia de autoridades
Ante la denuncia, funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y funcionarios de la Comisión de Reforma Agraria del Senado se constituyeron en el lugar para realizar una verificación técnica de las coordenadas señaladas por los campesinos, quienes alegan que existen excedentes fiscales en la zona.
“Estamos verificando en forma conjunta con Claudia Rivas, funcionaria del Indert, y los agrimensores Edgar Coronel y Juan Ángel Román para hacer el relevamiento de datos de acuerdo a una denuncia realizada por una comisión vecinal denominada Potrero Falso”, explicó Alberto Romero, director de la Comisión de Reforma Agraria del Senado.
Romero indicó que la verificación consiste en revisar si efectivamente se trata de tierras excedentes del Estado o no. “Ellos presentaron un mapa y en base a eso el Indert, con sus técnicos y con acompañamiento nuestro, se constituye en el lugar para hacer una verificación de esas coordenadas para su estudio posterior”, precisó.
Resistencia de la comunidad
Durante la verificación técnica, un grupo de pobladores a caballo y a pie impidió el avance de los funcionarios hacia la zona en disputa. Ante esta situación, las autoridades solicitaron apoyo logístico a la Comandancia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el desarrollo de las tareas técnicas.
La situación genera tensión en la comunidad, donde los habitantes temen no solo por la posible ocupación, sino también por el daño ambiental que significaría intervenir zonas de humedales para actividades agrícolas intensivas como el cultivo de arroz.