La defensora pública Mariela Mazó, en representación de Luciana Bernadet Torres, presentó el lunes 7 de abril una medida cautelar innominada de retención ante el juez del fuero Civil y Comercial del 22° Turno, Martín Diego Acosta Conde, en el marco de un juicio ejecutivo del 2016 -correspondiente a una supuesta deuda- que fue impulsado por la abogada Julia Mabel Acosta Rojas, una de las acusadas en la “Mafia de los pagarés”.
El objetivo del pedido es la retención de los fondos depositados -por valor de G. 23.299.888- en la cuenta judicial del expediente ante el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Según explicó la defensora, la solicitud responde a la inminente sustracción por parte de la abogada acusada del monto depositado.
“La medida es para que no tenga mayor perjuicio económico del que ya tuvo”, mencionó.
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Denuncia de estafa
Mazó señaló que su defendida había presentado en diciembre del año pasado una denuncia penal innominada por el hecho punible de estafa, como una de las víctimas de la “Mafia de los pagarés”.
Acotó que en abril pasado se acercó ante su despacho para solicitarle una acción que pueda retener el monto embargado a fin de evitar un perjuicio mayor.
Su defendida, una jubilada del Hospital de Clínicas, argumentó que se percató de descuentos que no correspondían en sus haberes. Tras investigar, descubrió que tenía un juicio ejecutivo por una supuesta deuda que ella ya había cancelado ante la extinta y quebrada Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), que data del 2016 y la cual fue transferida a la abogada Acosta Rojas.
Mazó comentó que la víctima había sido demandada por una deuda de poco más de G. 3.000.000 por parte de Amuclin, la cual canceló; incluso, dice contar con un documento que certifica ello.
Falsificaron su firma
Sin embargo, siempre según el relato de la defensora pública, este ente transfirió una supuesta deuda por valor de G. 9 millones a la abogada acusada, quien accionó judicialmente para poder cobrarla. Para ello, según la acusación, Acosta Rojas utilizó pagarés falsos y otros documentos presumiblemente falsos, además de la falsificación de la firma de la denunciante.
Añadió que la jubilada solamente se percató del embargo en diciembre del año pasado, cuando aumentaron de forma repentina los descuentos en sus haberes jubilatorios.
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El juicio ejecutivo que promovieron en su contra le demandó un embargo mensual que de forma paulatina sumó G. 23.299.888, los cuales ahora la víctima busca recuperar, según informó la defensora pública.
Mazó reveló que hasta la fecha, luego de más de dos semanas de la presentación, no recibió ninguna respuesta por parte del magistrado que debe analizar la solicitud de retención. Mencionó que el único informe al respecto con que cuenta es que la abogada denunciada planteó un rechazo a su pedido.