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El Sinadi, mediante notas, presentó tanto la denuncia penal por el caso de fraude detectado en los exámenes de formación docente por el Viceministerio de Educación Superior, como también el pedido de presentación de las pruebas encontradas.
“Tras la detección por parte del Viceministerio de Educación Superior de supuestos fraudes detectados en 20 institutos de formación docente del sector privado y 8 institutos de formación docente del sector público afectando a 2.339 estudiantes urgimos la presentación de las pruebas (evidencias científicas) ante la comunidad educativa del país y la opinión publica en general”, indica en la nota dirigida a Luis Ramírez, ministro del MEC.
Indican, además, que consideran el hecho como gravísimo y lamentan que los antivalores permearon el sector estudiantil.
“Finalmente, el Sinadi no dejará impune hechos como este e irá hasta el final de la investigación y el castigo a los culpables”, concluye la nota.
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Fraude docente: piden intervención a la Fiscalía
También enviaron una nota dirigida al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, a quien pidieron la intervención de la Fiscalía ante la denuncia del Viceministerio de Educación Superior.
“Tras la detección por parte del Viceministerio de Educación Superior de supuestos fraudes detectados en 20 Institutos de Formación docente del sector privado y 8 Institutos de Formación docente del sector público afectando a 2.339 estudiantes solicitamos la intervención y el acompañamiento de la Fiscalia General del Estado a los procesos de intervención realizados por el MEC“, sostienen.
De un total de 77 institutos de formación docente donde se tomaron los exámenes de ingreso, en 28 se detectaron presuntas irregularidades, según informaron desde el Viceministerio de Educación Superior.
Entre los centros en la mira, 20 pertenecen al sector privado, entre estas instituciones relacionadas con la concejala de Lambaré, Carolina González (HC), esposa de Orlando Arévalo, quien renunció como diputado.
En total, 2.339 son los postulantes a institutos de formación docente que deberán rendir nuevamente por sospechas de fraude en pruebas que fueron anuladas.