La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su sesión plenaria resolvió suspender sin goce de salario a los jueces de Paz del distrito de La Catedral, Gustavo Emmanuel Villalba Báez y Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, del primer y segundo turno, respectivamente. Ambos están procesados en el caso conocido como “mafia de los pagarés”.
Es preciso resaltar que esta, es la segunda suspensión que afecta a la jueza de Paz procesada Nathalia Garcete. La primera acción dispuesta por la máxima autoridad judicial fue dictada en marzo de este año, cuando también resolvió suspender al juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez, también sin goce de sueldo.
Lea más: Mafia de los pagarés: jueces inician proceso y piden desafuero de imputados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras despojar de sus fueros a la jueza Nathalia Garcete el 27 de marzo y al juez Gustavo Villalba, el 3 de abril, pasado, había remitido vía oficio a la Corte el pedido de suspensión sin goce de salario, en ambos casos. En dichas fechas el Jurado también inició el enjuiciamiento de los dos.
Al momento del estudio de las medidas suspensión en funciones y sin remuneración, por parte de los ministros de la Corte: César Diésel (presidente), Luis Benítez Riera, Gustavo Santander, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Manuel Ramírez, Víctor Ríos y César Garay, fue Ríos el único que votó en disidencia, en el sentido de que los jueces sigan percibiendo sus haberes básicos por lo menos.
Lea más: Mafia de los pagarés: JEM despoja de sus fueros a tres jueces de paz
Aprobaron protocolo para recepcionar denuncias contra “mafia de los pagarés”
En la sesión también, los ministros de la Corte Suprema de Justicia aprobaron la Acordada “Por la cual se habilita el sistema web institucional que permite a las víctimas presentar denuncias sobre supuestas irregularidades en la tramitación de juicios relacionadas a obligaciones cambiarias, títulos o pagarés en particular”.
Por otro lado, la Corte resolvió postergar el tratamiento de la Acordada “Por la cual se amplía el protocolo de tramitación electrónica de la corte suprema de justicia, dispuesto por acordada n° 1108/2026, y se incorpora el registro de títulos de obligaciones cambiarias”.
Lea más: Corte ultima detalles de acordadas para frenar a la mafia de los pagarés
Esta última decisión obedece a que, el ministro Eugenio Jiménez está trabajando en un proyecto de modificación de la ley y la intención de la máxima autoridad judicial es acordar cuáles son los aspectos que se pueden regular vía acordada y cuáles vía ley.
Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón solicitó a sus pares interiorizarse sobre los puntos que serán abordados en la sesión pública del lunes 5 de mayo próximo, que tendrá lugar en la Sala Bicameral del Congreso de la Nación, cuyo eje temático será la creación del registro de pagarés, esto para armonizar los tres proyectos que están en desarrollo.
JEM despojó de sus fueros a jueces de Paz y los enjuició
En sesión ordinaria del 27 de marzo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), primeramente resolvió acumular las causas obrantes en el órgano contra jueces de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta, de La Catedral Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, y de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro, imputados por la Fiscalía.
Cada juez de Paz tenía causas tanto por “mal desempeño de funciones” como “comisión de hechos punibles”, específicamente el prevaricato. Así, todos quedaron con una sola causa. En ese orden y en posición unánime, el órgano resolvió despojar de sus fueros a los magistrados.
Lea más: Mafia de los pagarés: JEM enjuicia de oficio y despoja de fueros a juez de Paz
También, el JEM resolvió iniciar el enjuiciamiento a cada uno de los jueces, pero a su vez suspendió estos procesos hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al procedimiento en el fuero penal.
En el caso del juez Gustavo Villalba, quien junto con sus funcionarios judiciales fueron los últimos imputados, los miembros del Jurado, en sesión del 3 de abril, resolvió despojarlo de sus fueros, acumular las causas obrantes en su contra y enjuiciarlo, pero con el proceso suspendido hasta que haya resolución en el fuero penal.
Lea más: Mafia de pagarés: Fiscalía imputa a cuatro jueces de Paz, funcionarios y abogados
Resoluciones sin fecha en casos de supuesta “Mafia de pagarés”
Con relación a la jueza Nathalia Garcete, la auditoría de gestión detectó su vez que en 65 expedientes tenían resoluciones firmadas por la magistrada y sus funcionarios sin fecha.
“El hecho sindicado reviste gravedad en razón a que porque podría constituir irregularidades y/o posibles faltas a las formalidades exigidas por el código de forma en la tramitación de sendas causas judiciales. Repito 65 expedientes, los cuales habrían perjudicado a varias personas, desembocando así en un supuesto esquema de operaciones denominado “Mafia de los pagarés””, expresó Pucheta.
Lea más: Suspenden a jueza y actuaria de Caacupé por aplicación irregular de habeas corpus
Ambos jueces también están enjuiciados por haber permitido a los funcionarios de sus juzgados no observen disposiciones legales.
El caso de “la Mafia de los pagarés”
La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.
Una de las denuncias cayó en una fiscalía barrial, sin embargo, el caso posteriormente fue reasignado a un equipo fiscal conformado por los agentes Belinda Bobadilla y Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Leonardi Guerrero, de la Sede 1 de la Fiscalía. Este equipo investigador realizó una serie de diligencias primarias.
Lea más: Mafia de los pagarés: entre los 63 investigados saltan nombres de vinculados a políticos
Posteriormente, en febrero pasado, se realizaron allanamientos simultáneos en los juzgados de Paz de los distritos de “La Recoleta”, “La Encarnación”, “La Catedral 2º Turno” y “San Roque”, de donde se incautaron en total 2.700 expedientes, además de otro tipo de documentos. Todos estos elementos fueron analizados y derivó en un total de 69 imputaciones presentadas desde el pasado 21 de marzo, por los hechos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso.
A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.
Lea más: Mafia de los pagarés: Corte rechaza reconsideración y mantiene suspensión a jueza de paz
El aparente fin de todas esas diligencias era, según la Fiscalía, llevar adelante los juicios y llegar al momento de los descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Esto funcionaba así mediante los ujieres que en sus informes consignaban las notificaciones a los demandados, cuando en realidad no cumplían con esa labor.